Más allá del rechazo que provoca en distintos sectores, y por buenas razones, el proyecto de ley que reforma la educación superior presenta unos pocos aspectos valiosos. Entre estos destaca el esfuerzo por reformular los gobiernos universitarios de las instituciones estatales. En el destino de las universidades es cada vez más importante cómo estos se configuran. Por ello, se han producido diversas transformaciones en esta dimensión en diversas latitudes, particularmente en Europa, con el objeto de asegurar un mejor funcionamiento de estas organizaciones académicas. La propuesta gubernamental en esta materia aspira a que los consejos directivos de las universidades estatales estén conformados por nueve miembros, cuatro de ellos representantes de la Presidencia de la República, exigiéndoseles que sean profesionales de reconocida experiencia en actividades académicas o directivas.

A estos integrantes se les suma el rector, quien presidiría este consejo; dos representantes elegidos por los académicos a través del mismo método utilizado para la elección del rector, y dos miembros provenientes de los órganos colegiados distintos del consejo, que deben tener representantes de todos los estamentos de la institución. Los rectores de las universidades estatales, en general, han mostrado su desacuerdo hacia el elevado número relativo de estas personalidades externas. Ven en ello riesgos para la autonomía de las instituciones. Sin embargo, esta instancia no tiene mayor injerencia en la actividad académica de la universidad ni, en general, en las materias que pudiesen amenazar dicha autonomía. Su papel es más bien el de supervisar la buena marcha de la institución y aportar una mirada de largo plazo. Hacer desaparecer a estos integrantes o reducirlos a una mínima expresión es generar una institución autogestionada, lo que no parece apropiado para promover un buen funcionamiento de las universidades.

Los modelos exitosos de universidades estatales tienen una participación externa relevante en los consejos directivos. En las universidades estadounidenses estos consejos tienden a ser típicamente controlados por integrantes que no provienen de la casa de estudios. Es habitual, además, que sean estas instituciones las que nominen al rector. Eso no significa que no pueda haber participación de los distintos estamentos universitarios, pero ella suele ser minoritaria e incluso, en algunos casos, inexistente, reservándose para otros órganos, como los senados académicos, esa participación.

En Europa, en cambio, hay una relación más equilibrada que tiende a participaciones relativamente igualitarias de representantes de la institución y otros externos nombrados por la autoridad política, siguiendo, por cierto, criterios de idoneidad y competencia para estos cargos. El modelo autogestionado es propio de América latina, fuertemente influido por la Reforma de Córdoba. Con todo, varias universidades estatales de la región han abandonado ese modelo en su versión más "pura". El Consejo Universitario de la Universidad de São Paulo, por ejemplo, tiene una fuerte presencia de personas externas a la universidad. Su rector es elegido por el gobernador del estado, a partir de una terna definida por la Asamblea Universitaria, que está conformada por los integrantes de los distintos órganos colegiados de la institución.

La propuesta sobre los gobiernos universitarios de las instituciones estatales en el proyecto parece, entonces, moverse en la dirección correcta, e incluso es mucho menos ambiciosa que las experiencias de transformación en esta dimensión de universidades estatales en otras latitudes. De hecho, se mantiene la elección de rector por parte de los académicos, algo que está en retirada en la gran mayoría de las buenas universidades estatales. Más allá de los cambios que requiere este proyecto de ley, cabe esperar que en este ámbito el Gobierno persevere.