Señor Director:
En "El Mercurio" del 17 de septiembre,
miembros del CEP manifestaron su confusión frente al debate de elección de intendentes.
Primero, afirman que dada su "relevancia constitucional", debiese postergarse para el proyecto de nueva Constitución del Gobierno. Es decir, niegan la posibilidad de que el pueblo, a través de sus representantes, discuta reformas parciales a la Constitución, ante la expectativa de una "nueva". Ignoran el amplio espacio de deliberación que ofrece el Congreso a una reforma constitucional. Siguiendo esta lógica, sería un error la aprobación de la autonomía constitucional del Servel en 2015.
Segundo, alertan sobre la incorrecta secuencia del debate, centrado en la elección y no en las competencias. Parece injusto, pues la reforma constitucional sobre traspaso de competencias se aprobó en 2009 y el proyecto de ley que la implementa está en tercer trámite y lleva cinco años en el Congreso. En cambio, la reforma constitucional sobre elección está en primer trámite, lleva 18 meses en el Congreso y todavía requiere una ley que la materialice. Más que "postergar el debate sobre la elección", deben discutirse ambas iniciativas, vinculando su entrada en vigencia para evitar "intendentes de papel".
Tercero, advierten como riesgo de tener autoridades de signos políticos distintos en un mismo territorio, una acción gubernamental menos eficaz. Una máxima de la descentralización es aumentar la eficiencia asignativa de las políticas públicas. La eventual tensión con la eficacia -por tanto- no es razón suficiente para detener el proceso descentralizador. La pregunta correcta sería cómo descentralizar sin diezmar la capacidad de reacción gubernamental. A juicio de ellos, definiendo concienzudamente las competencias a transferir. Para nosotros, la institucionalidad clave para este propósito es el mecanismo de traspaso/revocación de competencias, sujeto a criterios objetivos. Además, la integración de los órganos que deciden la pertinencia del traspaso/revocación debe asegurar autonomía e imparcialidad. Lamentablemente, el Gobierno propone tres órganos con integración mayoritaria del nivel central: ¿de qué sirve hoy definir competencias si el gobierno central podrá revocarlas discrecionalmente mañana?
Juan Pablo Rodríguez O.Guillermo Pérez C.Jaime Lindh A.
Fundación P!ensa