Se ha informado que tanto la Universidad Tecnológica de Chile, dependiente de Inacap, como la Universidad Gabriela Mistral han obtenido una acreditación de dos años en las áreas obligatorias, que corresponden a gestión institucional y docencia de pregrado. La universidad de Inacap, además, ha sido certificada en el área de vinculación con el medio, que tiene un carácter opcional y puede ser solicitada o no por cada plantel. Las reacciones en ambas instituciones no pueden haber sido más diferentes. En la U. Gabriela Mistral la acreditación representa su recuperación después de haberla perdido hace tres años y significa que vuelve a adquirir relevancia y optimismo en su crecimiento y desarrollo. En la de Inacap, en cambio, la nueva certificación implicaría una rebaja en cuanto a su duración, puesto que en el ejercicio anterior había sido acreditada por un período de tres años.

Si bien aún no se conocen formalmente las razones que llevaron a la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, a adoptar estas decisiones, se afirma que el cambio se podría deber a que la universidad de Inacap funciona con un modelo de integración que lleva a que comparta su infraestructura física y aspectos de su gestión académica y administrativa con el Instituto Profesional y con el Centro de Formación Técnica, que también dependen de la entidad. Pero, en rigor, mediante esa articulación se puede conseguir más eficiencia, gracias a los mejores rendimientos de las infraestructuras y equipamientos que usan las tres instituciones, y facilitar a los alumnos la continuación de estudios. También se habría estimado muy incipiente su polo de investigación. La universidad aún tiene dos instancias para recuperar la duración de su acreditación y debe esperar los fundamentos de la CNA para resolver el camino a seguir.

No ha dejado de advertirse el momento en que ocurre esta rebaja de la acreditación a Inacap, que ha estado en las noticias por la discusión sobre su control. Senadores socialistas, interesados como siempre en los dueños de las entidades educacionales, han planteado que esta corporación de derecho privado debería estar bajo control del Estado, lo que solo responde a errores de apreciación. Por una parte, se trata de una concepción equivocada acerca del sentido de las corporaciones de derecho privado y, por otra, tampoco el dueño de una entidad de educación superior tiene la importancia que se le atribuye, pues en ellas desempeñan un papel clave las comunidades académicas que las componen.

También es posible que el cambio en la acreditación de Inacap guarde relación con la forma en que la CNA ha asumido sus tareas. En parte por la ley y en parte por tradiciones nacionales, el proceso de acreditación se ha convertido en un ejercicio de verificar que se cumplan ciertas condiciones, con un énfasis muy procedimental, sin tomar en cuenta las particularidades de cada institución y sin contribuir mayormente a que ellas vayan superando las dificultades que encuentren. Hay modelos más modernos en que las acreditaciones no tienen esta calificación tan pretendidamente fina de certificar por un número de años, entre 2 y 7, sino más bien se da o no se da. Luego se la revisa cada cierto número de años y en cada una de estas oportunidades la agencia acreditadora colabora con la institución en definir y derribar los obstáculos que le impiden la certificación de su calidad o que le permitirían perseverar en sus mejoras.