La reforma que pretende generar autoridades unipersonales elegidas por votación directa en nuestro país no parece hacerse cargo de las experiencias internacionales en la materia, y su discusión avanza sin estudios serios sobre el marco institucional en que se deberán desenvolver.

En un Estado unitario, las tensiones entre los gobiernos central y regional estarán siempre presentes, pero si no hay buenos mecanismos institucionales para resolverlas, se pone en riesgo el buen funcionamiento del país y hay casos ilustrativos al respecto. Un reciente documento publicado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica da cuenta de ello, pero son diversas las instancias y expertos que advierten sobre la importancia de cuidar el diseño institucional de esta iniciativa descentralizadora del Ejecutivo.

Chile es un país relativamente centralizado y si bien, a través del tiempo, ha existido desconcentración en algunos ámbitos de la gestión pública, el peso de la capital en las decisiones sigue siendo muy relevante. Ello obedece, en gran medida, a la estructura del Estado chileno y es poco probable que se vaya a corregir con la elección de autoridades regionales. Ellas difícilmente tendrán mando sobre los servicios públicos y, por tanto, no ayudarán a resolver los problemas que se reclaman. Más aún cuando esa figura regional elegida, el gobernador regional, tenga que convivir con una autoridad designada por el Presidente de la República: el intendente.

De hecho, la propuesta que se discute en el Senado es imprecisa respecto de los ámbitos de competencia de cada una de estas autoridades, lo que solo favorecerá los roces y puede alimentar una dinámica reivindicacionista de la figura elegida que se traduzca en un constante desafío al gobierno central, especialmente si es de signo político diverso.

El documento antes mencionado hace ver que no ha habido un esfuerzo para definir previamente el fortalecimiento territorial, financiero y operativo de las regiones, elementos trascendentales para abordar este desafío. Es más, se puede agregar, no hay un levantamiento de las capacidades reales de las distintas regiones para enfrentar un desafío de mayor autonomía y de una gestión de otra naturaleza que significaría el traspaso de algunas competencias a autoridades electas. ¿Están todas igualmente preparadas para enfrentar este desafío? Si no fuese así, ¿cuál es la estrategia para producir una nivelación de capacidades? También indaga ese estudio en la conveniencia de reducir el número de regiones, así como también evaluar nuevos mecanismos de financiamiento directo de estas. Al respecto es interesante considerar la experiencia de Francia, que hace dos años redujo su número de regiones metropolitanas de 22 a 13 (hay otras cinco de ultramar). Asimismo, las atribuciones de esas regiones son bien acotadas y se han establecido marcos presupuestarios rígidos para evitar una inflación de gastos. Si estos exceden dicho marco, deben financiarse con impuestos regionales específicos, de modo que sean los gobiernos regionales los que internalicen eventuales brotes de populismo.

La experiencia de nuestro vecino Perú también es ilustrativa -recogido en un extenso informe de la Contraloría de ese país, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas- y muestra algunos errores que se pueden cometer en estos procesos y las enormes dificultades para poder corregir posteriormente los problemas de diseño. Haría bien nuestro país en analizar en detalle estas materias antes de seguir avanzando improvisadamente en esta iniciativa.

Hay que evaluar seriamente, a la luz del documento comentado, de la experiencia internacional y de otros antecedentes que se están acumulando, la conveniencia de perseverar en la elección de autoridades regionales unipersonales, mientras no se concluyan estudios más acabados acerca del marco institucional preciso que debe guiar esta reforma.