¿Precursores?

Uno de los más importantes investigadores del proceso emancipador, Miguel Luis Amunátegui, publicó entre 1870 y 1872 tres volúmenes sobre los precursores de la Independencia. Aunque es más bien una exposición de los problemas y tensiones de la sociedad colonial, como la situación de los indios de encomiendas, las diferencias entre españoles peninsulares y criollos o las políticas económicas de la metrópoli hacia América, aludió a algunos personajes de destacada actuación en los finales del siglo XVIII que exhibieron posiciones críticas, como José Perfecto de Salas y José Antonio de Rojas. Curiosamente, e inaugurando esa línea de historias secretas hoy tan del gusto de algunos lectores, Amunátegui incluyó allí, como precursores de la emancipación, al gobernador Francisco Ibáñez de Peralta y a su sobrino el marqués de Corpa. De este último se sabe que fue partidario del archiduque Carlos en la guerra de sucesión, a comienzos del siglo XVIII, lo que influyó en las medidas adoptadas por la metrópoli en contra del tío. Pero en rigor la intervención del marqués estaba dirigida a favorecer a un bando en una lucha dinástica europea. También encontramos en esta obra un capítulo dedicado a la llamada "conspiración de los tres Antonios", en 1780. Esa maquinación, ideada por dos ciudadanos franceses que aspiraban a lograr la independencia de Chile mediante una revolución para establecer después una república, y en la cual buscaron incluir el mayorazgo José Antonio de Rojas, fue prontamente descubierta por el gobierno. Detenidos los franceses y llevado el proceso en absoluto secreto, se optó por enviarlos a Lima, sin que Rojas fuera molestado para evitar que se hiciera público el caso. Tan eficaz fue la resolución adoptada, que solo a mediados del siglo XIX, gracias a los hermanos Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, descubridores del expediente, se supo de esa conspiración. La calidad de precursores de la Independencia chilena dada a los "tres Antonios" es, pues, un ejercicio de simple imaginación.

Estos dos ejemplos muestran con claridad el limitado alcance de esas modalidades de aproximación a la historia para lograr una comprensión relativamente acertada de nuestro pasado. Y tal vez en un fenómeno tan complejo como fue la emancipación en América y en Chile ellas resultan completamente inútiles. Siguen siendo, pues, los grandes procesos, en general de dominio público -aunque a menudo desconozcamos los motivos que impulsaron la adopción de ciertas decisiones-, las herramientas más confiables para tratar de conocer e interpretar ese episodio de nuestra historia.

La crisis de 1810

Es bien sabido que la geografía planteó las mayores dificultades al imperio hispánico. ¿Cómo podía gobernarse un territorio separado de la metrópoli por tres meses de navegación? Conocemos la historia de los primeros establecimientos europeos en el Nuevo Mundo, la relación con los indígenas, el desarrollo de la economía y la formación de una sociedad extremadamente variada. Estamos bien enterados del propósito de la Corona de mantener el monopolio en la navegación y el comercio entre España y América, y del rotundo fracaso de tal empeño. Y no ignoramos la existencia de múltiples proyectos reformistas de la metrópoli para tratar de mantener un razonable control sobre la parte más extensa y más rica del imperio. Sin embargo, ni la creación de una estructura administrativa y judicial con virreyes, gobernadores y audiencias, ni la formación tardía de ejércitos permanentes impidieron la progresiva autonomía de las provincias americanas. La misma distancia de la metrópoli, el lento despacho de los asuntos por los consejos y el incompleto conocimiento de ellos por la carencia de los debidos antecedentes llevaron a que la intensa labor normativa realizada en España a menudo no tuviera aplicación en América. El incumplimiento de la ley, instrumento perfectamente normado, fue el reconocimiento de las limitaciones de la metrópoli para el gobierno del Nuevo Mundo.

Cuando en 1700 inició su reinado el primer Borbón, Felipe V, las urgencias económicas obligaron a la dictación de numerosas medidas para encararlas. Por cierto, América recibió una atención especial, como proveedora que era de muchos bienes, en especial de metales preciosos. La preocupación por modificar los mecanismos de gobierno y hacerlos más eficaces siguió con Fernando VI y con Carlos III. La pérdida de importancia de los consejos y la mayor agilidad dada por los secretarios de despacho ayudaron a poner en práctica las ideas modernizadoras propuestas por destacados políticos ilustrados. Sin embargo, el reformismo de los Borbones, en especial de Carlos III, tuvo en la península una magnitud muy menor. En América, en cambio, y en ciertas áreas, como la tributaria y la minería, se aplicaron las reformas no obstante la resistencia de la población. Pero, en la cruda jerga de los burócratas ilustrados, era preciso "estrujar" a las colonias. Las visitas de José de Gálvez a la Nueva España, de José Antonio de Areche al Perú, Chile y Río de la Plata, y de Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres a Nueva Granada, con las medidas que se tomaron a raíz de ellas, originaron motines y levantamientos armados, reprimidos sin piedad. Aumentaron, por cierto, los ingresos tributarios y los envíos de oro y plata a la península, pero aumentó también la desafección de las élites hacia ella.

La muerte de Carlos III, la entronización de Carlos IV, la Revolución Francesa y la sucesión de guerras en que participó la monarquía llevaron a la incomunicación entre la metrópoli y sus colonias. Estas, en la práctica, debían defenderse por sus propios medios de los enemigos del imperio, como lo demostró Buenos Aires ante los ingleses. Pero la abdicación de Carlos IV y después su prisión y la de su hijo Fernando VII por Napoleón originaron no solo el comienzo de la guerra contra los invasores de la península en 1808, sino también el surgimiento de los movimientos autonomistas e independentistas en América. Y era evidente que esto último debía necesariamente ocurrir: sustituido el rey legítimo por un intruso, José Bonaparte, todos los territorios americanos quedaban jurídicamente sin gobernantes. Y quienes se mantuvieron en sus cargos, como el virrey Abascal en el Perú, ¿con qué títulos lo hacían? ¿Reconocían tal vez al usurpador?

Preguntas legítimas y posiciones autonomistas

Eran las legítimas preguntas que muy pronto surgieron, y que en Chile dieron pie a ásperos debates, a diferencias profundas entre criollos y peninsulares y a un progresivo deslizamiento hacia posiciones autonomistas. El reemplazo del gobernador García Carrasco por el conde de la Conquista y la renuncia de este en una junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810, siguiendo el modelo de la península, fueron la culminación de tal proceso. La oposición del virrey del Perú Fernando de Abascal a semejante tránsito y la adopción de medidas de fuerza contra los calificados de "insurgentes", política seguida por sus sucesores, modificaron el tibio autonomismo de las élites, y la independencia se convirtió para ellas en el objetivo prioritario, que, mediante un enorme e improvisado esfuerzo bélico, solo se logró en 1818, para ser completado en 1826.