Con motivo de la discusión sobre el proyecto de ley que establece el mecanismo de transformación en corporaciones sin fines de lucro que deberán seguir los centros de formación técnica (CFT) y los institutos profesionales (IP), como condición para que sus estudiantes puedan acceder al beneficio de la gratuidad, se generó un cuestionamiento respecto de la propiedad de Inacap, un conglomerado de educación superior que alberga a un CFT y a un IP con ese nombre, además de la Universidad Tecnológica de Chile.

La administración de esa institución fue traspasada a la Confederación de la Producción y del Comercio, máximo organismo gremial del empresariado, a fines del régimen militar, y en el debate senadores de la Nueva Mayoría cuestionaron esa situación, insistiendo en que ella sigue perteneciendo a Corfo, es decir, al Estado de Chile.

Esta no es una situación nueva. Diputados de entonces insistían en esa tesis hace más de 20 años y, sin embargo, nunca se ha logrado mostrar que ella tenga asidero. A mayor abundamiento, la Corfo comenzó, inmediatamente de asumido el gobierno del Presidente Aylwin, un acucioso estudio de las privatizaciones ocurridas durante la anterior administración, y tampoco concluyó que hubiese algo irregular al respecto o que dicho traspaso debiese revertirse.

Pero, adicionalmente a lo extemporáneo de lo planteado por los senadores oficialistas, el Inacap que asumió la CPC y el Inacap de hoy día son instituciones diametralmente distintas. La primera había sido pensada para capacitar a obreros de industrias manufactureras, se encontraba en una situación financiera extremadamente débil y solo sostenida por el Estado, atendía a un número reducido de trabajadores y no tenía un propósito claro. La organización sobre la que hoy se debate es una moderna institución de educación superior, con los tres estamentos que ella puede albergar -CFT, IP y Universidad-, con más de 120 mil alumnos y sobre 25 sedes en más de 18 ciudades, dotadas de los mayores adelantos tecnológicos y de infraestructura, que tiene el más amplio reconocimiento ciudadano y prestigio transversal, y cuyo rol social es indiscutido.

Por ello, cuando el senador Letelier (PS) declara que "Inacap era del Estado y debe volver a serlo", debe aclarar si lo que quiere que vuelva al Estado es la institución transferida en 1989, cuando efectivamente era del Estado, o la actual, transformada, modernizada, y que es un ejemplo de lo que el sector privado puede hacer, incluso cuando su dueño no tiene fines de lucro, como la CPC.

La actuación de dichos senadores se enmarca en la equivocada e ideologizada versión de que la educación superior es mejor, desde un punto de vista moral y pedagógico, si la realiza el Estado.