Doña Myriam, ex funcionaria civil de Gendarmería, obtuvo una jubilación de $5.200.000, con lo cual declaró: "Me parece fantástico tener una pensión así... es la que corresponde en derecho". El jubilazo de doña Myriam proviene del sistema previsional de reparto de las instituciones armadas, que también beneficia a algunos de sus funcionarios civiles. Un 10% de estas pensiones de reparto es financiado por los funcionarios activos y el 90% restante, por impuestos pagados al Estado.

Doña Juanita, en cambio, ejerció como profesora durante su vida laboral, haciendo aportes a su AFP que sumaron $24 millones al momento de jubilarse. La rentabilidad que logró su AFP sobre los ahorros aportados por ella agregaron otros $54 millones a su cuenta personal. Así, la suma de ambos -el esfuerzo de doña Juanita y la rentabilidad lograda por la AFP- llegó a $78 millones. Con este monto, doña Juanita adquirió una pensión de renta vitalicia por $310 mil mensuales, sin recibir un aporte previsional solidario (APS) del Estado, porque su pensión supera a la de las personas que reciben APS. En comparación con su sueldo promedio de los últimos 10 años, de $738 mil, su pensión es de 42% (su tasa de reemplazo). Pero su último sueldo antes de jubilarse, como directora de su escuela, fue de $950 mil. Declara doña Juanita, frustrada: "El drama es que mis ingresos mensuales cayeron de $950 mil a mi actual pensión de $310 mil, que no me alcanza para llegar a fin de mes".

Ante este drama de muchas doñas Juanitas de Chile, cientos de miles se han manifestado en contra de los enormes jubilazos de unos pocos, las bajas pensiones de muchos, las AFP o el Gobierno. Muchos se preguntan hoy: ¿No pagaría un sistema de reparto mejores pensiones que el actual sistema mixto de tres pilares? O, de no obtener ni APS ni haber hecho ahorro voluntario, ¿no pagaría un sistema estatal de reparto mejores pensiones que las de las doñas Juanitas, financiadas por sus ahorros rentabilizados a través de las AFP? La respuesta es un rotundo no.

Mejores pensiones futuras: ¿Ahorro individual o reparto estatal?

Una de las propuestas de reforma anunciadas por la Presidenta es elevar la tasa de contribución al sistema de pensiones de 10% a 15% del sueldo, aportado íntegramente por los empleadores. Hasta aquí, todo bien. Con ese aumento, la tasa de contribución se acercaría al 19,7%, el promedio de los países OCDE.

Ahora bien: la decisión clave es sobre el destino de ese 5%. Es muy distinto si este va a las cuentas personales de los propios trabajadores, implicando un mayor ahorro para ellos, o si va a un fondo de reparto, para utilizarse en pensiones de otros trabajadores. Ambas opciones tienen costos: aumenta el costo del trabajo para la empresa, disminuye el salario líquido en el sector formal, trabajadores pierden su empleo en el sector formal y algunos de estos encontrarán trabajo en el sector informal, mientras otros quedarán desempleados o fuera de la fuerza laboral.

Pero lo clave es que los efectos adversos sobre el empleo y los salarios son muy superiores en un sistema de reparto (Edwards y Cox Edwards 2002, Corbo y Schmidt-Hebbel 2003). Eso se debe a que el componente de impuesto puro de las cotizaciones (aquella parte de las cotizaciones que los trabajadores no valoran como pensión futura) es mucho más alto en un sistema de reparto que en un sistema de capitalización. Esto ocurre por tres razones.

Primero, la tasa de rentabilidad es mayor bajo capitalización que bajo reparto. Y la tasa de retorno bajo reparto en el tiempo aún más, a medida que los pensionados aumentan en relación con los trabajadores aportantes. Segundo, los trabajadores ven una relación mucho más directa entre sus ahorros personales y sus pensiones futuras que entre sus cotizaciones a una caja estatal de reparto y las promesas de pensiones futuras. Tercero, los riesgos de los retornos del reparto (que son políticos y fiscales) son a menudo mayores que los riesgos de los retornos de mercado de la capitalización. Eso se debe a que los parlamentarios cambian frecuentemente las reglas de los sistemas de reparto, beneficiando a los grupos que empujan con más fuerza por obtener jubilazos para algunos, como doña Myriam, perjudicando a muchas doñas Juanitas que reciben pensiones bajas. Esa fue la historia del antiguo sistema de reparto chileno y es la situación actual del sistema de reparto de las instituciones armadas.

Por lo tanto, destinar parte o todo el 5% adicional a una caja estatal de reparto, en comparación con el mismo 5% aportado a las cuentas personales de cada afiliado, disminuirá el empleo y los salarios del país (ver gráfico) . Para el promedio y para la mayoría de los trabajadores reducirá además sus pensiones futuras.

Si se diseña el sistema de reparto para subsidiar las pensiones de los grupos de ingresos bajos, se debilita aún más la relación entre cotizaciones y pensiones futuras esperadas, exacerbando los efectos negativos sobre empleos y salarios. Comparado con la alternativa de financiar un pilar solidario con impuestos generales, un "pilar solidario colectivo" (eufemismo para el pilar de reparto), basado en repartir las cotizaciones de los trabajadores, es ineficiente y regresivo. Porque es pagado por los trabajadores del país en vez de ser financiado por quienes aportan más a los impuestos generales: las empresas y las personas de altos ingresos.

En cambio, aportar un 5% más a las cuentas personales de cada trabajador aumentará las pensiones futuras en un 50%. Si doña Juanita (o su empleador, la escuela) hubiese aportado 15% de su sueldo a lo largo de su vida activa, su pensión actual sería de $465 mil. Por lo tanto, subir las tasas de cotización ayuda -¡y mucho!- a mejorar las pensiones futuras, especialmente las de los jóvenes.

Mejores pensiones hoy: fortalecer el pilar solidario

Por lo tanto, mejorar las pensiones actuales a través de un pilar de reparto es ineficiente y regresivo. Para mejorar las pensiones ahora se debe extender el actual pilar solidario, que es muy insuficiente. Los pagos estatales por Pensión Básica Solidaria (PBS, hoy de $93.543) y el Aporte Previsional Solidario (APS, pagado hasta una pensión autofinanciada de $304.062 hoy) son muy bajos, y cuestan al Estado el equivalente de solo 0,7% del PIB. Urge elevar la PBS y extender el APS, por ejemplo desde el decil 6 al decil 7 de la población. Por supuesto, señor ministro de Hacienda, esto requiere de mayores recursos fiscales ahora, provenientes de mayores impuestos recaudados o de reasignaciones de gasto fiscal desde programas menos prioritarios. Además, todos los años disminuye el pago del Estado por pensiones a antiguos afiliados a las cajas estatales y en bonos de reconocimiento a los afiliados a las AFP. Este monto, que hoy es de 1,6% del PIB, se extinguirá gradualmente hacia el año 2050, creando espacio fiscal para extender aún más el pilar solidario.

En conclusión:

Para mejorar las pensiones es necesario complementar un mayor esfuerzo privado (a través de mayores cotizaciones que van a las cuentas individuales de los trabajadores) con un mayor aporte del Estado (financiado por impuestos generales y reasignaciones de gasto) a quienes tienen pensiones más bajas.

Otras buenas y malas propuestas para mejorar las pensiones

Siendo lo anterior esencial, no es suficiente para mejorar las pensiones. Las propuestas de reforma previsional de la Presidenta -buenas y malas- y muchas otras propuestas han motivado un gran debate nacional. En una futura columna analizaré las ideas malas, las locas y las buenas para mejorar las pensiones en nuestro país.