Atención a suscriptores
Su contrato de suscripción digital está por vencer. Para renovar por un año adicional presione aquí.
RenovarNoticias
Miércoles 31 de agosto de 2016
Con 263 pruebas, fiscalía enfrenta el desafío del juicio a 11 acusados en caso Luchsinger
Ministerio Público presentó 73 testigos, 32 peritos, 51 documentos y 107 pruebas materiales. Con ellas busca demostrar que, junto a la confesión de José Peralino, hay material suficiente para el juicio oral.
Víctor Fuentes Bosoaín
"La fiscalía siempre nos dijo que no iba a ir a juicio si no tenía las pruebas suficientes para asegurar un éxito razonable". Para Jorge Luchsinger Mckay, hijo del matrimonio asesinado en enero de 2013 durante un ataque incendiario a la granja Lumahue de Vilcún, la acusación presentada el viernes pasado por el Ministerio Público da cuenta de que "existe una convicción" de que se reunieron los antecedentes para conseguir la condena de los 11 acusados.
El fiscal vocero de la Fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, detalla que el ente persecutor logró acreditar, junto a la confesión de José Peralino, antecedentes suficientes para enfrentar el juicio oral. "Luego del testimonio de ese imputado se realizaron bastantes diligencias y pasó un tiempo suficiente hasta que se pide la orden de detención para el resto de los acusados", recalca. Sostiene que junto a lo declarado por Peralino "era necesario reunir otros elementos de convicción que permitieran sostener una imputación como la que está planteando la fiscalía en la acusación".
El persecutor detalla que el 30 de marzo, fecha de la detención de los 11 imputados, "ya se consideraba que la investigación tenía un nivel de avance suficiente que permitía prever lo que está ocurriendo hoy" y añade que las indagatorias desde esa fecha hasta el 26 de agosto, día en que fue presentada la acusación, "consolida los elementos de convicción que fundamentan que hayan sido acusados".
Junto a la presentación de cargos, ese día la fiscalía adjuntó 263 medios de prueba, que se subdividen en 107 pruebas materiales, 73 testigos, 51 documentos y 32 peritos.
Las pruebas materiales allegadas incluyen 84 discos compactos con intervenciones telefónicas; 15 celulares decomisados a los imputados; un pasamontañas, guantes, panfletos y un bidón incautados a la machi Francisca Linconao; una escopeta y cartuchos calibre 16 que fueron encontrados en poder de Sabino Catrilaf, y un revólver y municiones calibre 22 que ocultaba José Córdova, entre otros elementos.
En la nómina de testigos se incluyen funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, familiares de las víctimas y personas que también han sufrido atentados y ataques incendiarios. Uno de los citados a declarar, que pidió reserva de su identidad, explicó que su participación busca entregar "contexto acerca de la violencia y el terrorismo que se ejerce en la zona" y reconoce que participa en el proceso por su "cercanía y amistad" con Werner Luchsinger y Vivianne Mckay.
La fiscalía también incluyó 32 peritos, que han participado en los análisis balísticos, de armamento, químicos, eléctricos, planimétricos, fotográficos, de audio y video, dibujantes, dactilares, expertos en alcoholemia, tanatólogos, psicólogos, expertos en tráficos de llamadas y en geolocalización. Estos últimos, según la acusación, lograron ubicar en el lugar del crimen los teléfonos de José Tralcal, Luis Tralcal, Francisca Linconao y José Peralino.
Respecto de los beneficios que el Juzgado de Garantía ha concedido a tres de los acusados por el Ministerio Público, Jorge Luchsinger, dice que no le parece "razonable que un juez no se haga cargo de una de las cosas que está manifestando la parte querellante: que estas personas presentan un peligro para la sociedad" y agrega que "la ley establece los requisitos para que un juez pueda modificar una cautelar y aquí creemos que ha excedido sus atribuciones".
Precisamente, en una audiencia realizada ayer el Tribunal de Garantía de Temuco otorgó la libertad bajo fianza a Juan Segundo Tralcal Quidel, quien luego de pagar $10 millones quedará con arraigo nacional. Su defensor privado, Sebastián Saavedra, cuestionó el monto y lo consideró "demasiado alto" por tratarse de una persona que proviene "de un pueblo originario" y que "es vulnerable cultural y económicamente". El lunes obtuvo similar beneficio Hernán Catrilaf Llaupe y el 23 de agosto el juzgado cambió la reclusión de Sergio Catrilaf por arresto domiciliario completo.
Hoy, la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá el recurso de la fiscalía que busca revertir el beneficio de Sergio Catrilaf y el Juzgado de Garantía analizará otras cautelares y la petición de las defensas de reabrir la investigación. La abogada defensora de tres de los imputados, Manuela Royo, restó importancia al volumen de pruebas presentadas por la fiscalía y dijo que, en el caso de sus representados, podía acreditar que se encontraban trabajando el día que murieron los Luchsinger.
"La fiscalía siempre nos dijo que no iba a ir a juicio si no tenía las pruebas suficientes para asegurar un éxito razonable". Para Jorge Luchsinger Mckay, hijo del matrimonio asesinado en enero de 2013 durante un ataque incendiario a la granja Lumahue de Vilcún, la acusación presentada el viernes pasado por el Ministerio Público da cuenta de que "existe una convicción" de que se reunieron los antecedentes para conseguir la condena de los 11 acusados.
El fiscal vocero de la Fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, detalla que el ente persecutor logró acreditar, junto a la confesión de José Peralino, antecedentes suficientes para enfrentar el juicio oral. "Luego del testimonio de ese imputado se realizaron bastantes diligencias y pasó un tiempo suficiente hasta que se pide la orden de detención para el resto de los acusados", recalca. Sostiene que junto a lo declarado por Peralino "era necesario reunir otros elementos de convicción que permitieran sostener una imputación como la que está planteando la fiscalía en la acusación".
El persecutor detalla que el 30 de marzo, fecha de la detención de los 11 imputados, "ya se consideraba que la investigación tenía un nivel de avance suficiente que permitía prever lo que está ocurriendo hoy" y añade que las indagatorias desde esa fecha hasta el 26 de agosto, día en que fue presentada la acusación, "consolida los elementos de convicción que fundamentan que hayan sido acusados".
Junto a la presentación de cargos, ese día la fiscalía adjuntó 263 medios de prueba, que se subdividen en 107 pruebas materiales, 73 testigos, 51 documentos y 32 peritos.
Las pruebas materiales allegadas incluyen 84 discos compactos con intervenciones telefónicas; 15 celulares decomisados a los imputados; un pasamontañas, guantes, panfletos y un bidón incautados a la machi Francisca Linconao; una escopeta y cartuchos calibre 16 que fueron encontrados en poder de Sabino Catrilaf, y un revólver y municiones calibre 22 que ocultaba José Córdova, entre otros elementos.
En la nómina de testigos se incluyen funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, familiares de las víctimas y personas que también han sufrido atentados y ataques incendiarios. Uno de los citados a declarar, que pidió reserva de su identidad, explicó que su participación busca entregar "contexto acerca de la violencia y el terrorismo que se ejerce en la zona" y reconoce que participa en el proceso por su "cercanía y amistad" con Werner Luchsinger y Vivianne Mckay.
La fiscalía también incluyó 32 peritos, que han participado en los análisis balísticos, de armamento, químicos, eléctricos, planimétricos, fotográficos, de audio y video, dibujantes, dactilares, expertos en alcoholemia, tanatólogos, psicólogos, expertos en tráficos de llamadas y en geolocalización. Estos últimos, según la acusación, lograron ubicar en el lugar del crimen los teléfonos de José Tralcal, Luis Tralcal, Francisca Linconao y José Peralino.
Respecto de los beneficios que el Juzgado de Garantía ha concedido a tres de los acusados por el Ministerio Público, Jorge Luchsinger, dice que no le parece "razonable que un juez no se haga cargo de una de las cosas que está manifestando la parte querellante: que estas personas presentan un peligro para la sociedad" y agrega que "la ley establece los requisitos para que un juez pueda modificar una cautelar y aquí creemos que ha excedido sus atribuciones".
Precisamente, en una audiencia realizada ayer el Tribunal de Garantía de Temuco otorgó la libertad bajo fianza a Juan Segundo Tralcal Quidel, quien luego de pagar $10 millones quedará con arraigo nacional. Su defensor privado, Sebastián Saavedra, cuestionó el monto y lo consideró "demasiado alto" por tratarse de una persona que proviene "de un pueblo originario" y que "es vulnerable cultural y económicamente". El lunes obtuvo similar beneficio Hernán Catrilaf Llaupe y el 23 de agosto el juzgado cambió la reclusión de Sergio Catrilaf por arresto domiciliario completo.
Hoy, la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá el recurso de la fiscalía que busca revertir el beneficio de Sergio Catrilaf y el Juzgado de Garantía analizará otras cautelares y la petición de las defensas de reabrir la investigación. La abogada defensora de tres de los imputados, Manuela Royo, restó importancia al volumen de pruebas presentadas por la fiscalía y dijo que, en el caso de sus representados, podía acreditar que se encontraban trabajando el día que murieron los Luchsinger.
Síguenos en
Ediciones anteriores
