Hace unos meses pedían habilitar a Evo Morales para ir a una cuarta reelección. Ahora los cooperativistas mineros están en pie de guerra con el gobierno boliviano, con protestas violentas y bloqueos de caminos, y son los responsables del alevoso asesinato de un viceministro ("un acto de barbarie incalificable", dijo el ex presidente Carlos Mesa). Todo esto porque el actual Mandatario promulgó una reforma a la ley minera que autoriza la formación de sindicatos de trabajadores en las cooperativas y no les permiten asociarse con inversionistas privados para explotar sus concesiones. Una paradoja que enfrenta el líder cocalero, que hizo de las manifestaciones su principal arma de lucha contra sus antecesores.

Como en la mayoría de los conflictos sociales, cada parte tiene algo de razón. Los cooperativistas, que recibieron concesiones para explotar yacimientos mineros por cuenta propia, piden además de que les permitan recibir inversión privada, que no les apliquen las leyes medioambientales, no les suban el precio de los suministros eléctricos, tener representantes en el directorio del seguro social, un ministerio del área a su cargo, y también que los bajos impuestos que pagan (2,5%) sean reinvertidos en proyectos para su beneficio.

Evo dice que los mineros "tienen exageradas ambiciones", y que las empresas "de carácter social, con beneficios tributarios, no lucrativas, no pueden asociarse con capitalistas privados"; si no, dejarían de ser "cooperativas". Según el gobierno, más de la mitad de los cooperativistas no son socios de ellas, sino trabajadores asalariados que "están desprotegidos ante accidentes o muertes". Existen unas 1.700 cooperativas, integradas por más de cien mil personas.

Ahora Evo reclama que no se debe "imponer una reivindicación bajo dinamitazo, bajo bloqueo, porque cuando hay razones el pueblo apoya"; que "no vale abusar de la fuerza sindical... hay que cuidarla", y acusa que estas movilizaciones son una "conspiración golpista" de la "derecha política" que quiere desestabilizar el gobierno. De la misma manera que Hugo Chávez o Nicolás Maduro denunciaron -sin ofrecer pruebas- innumerables veces complot contra el régimen, Evo ha dicho que "el gobierno derrotó un golpe de Estado", sin entregar las evidencias que prometió para esta semana, para demostrar "cómo hay injerencia no solamente de carácter interno sino también externo". Es muy grave que un Presidente haga esas denuncias sin aportar pruebas, con el solo objetivo de aunar fuerzas en torno suyo contra "un enemigo común". En este caso, no le es fácil culpar a la oposición, porque los cooperativistas han sido sus aliados políticos fieles a cambio de grandes dádivas económicas, y están representados en los ministerios, el Congreso y la superintendencia del ramo.

Por años Evo ha logrado mantener el apoyo de sindicalistas, campesinos, indígenas, mineros y otros sectores a los cuales ahora, en plena baja de los precios de los minerales e hidrocarburos, ya no puede contentar como antes. El desgaste natural de diez años de gobierno y la crisis económica le están pasando la cuenta al carismático líder cocalero.