Causas para la desaprobación

Suele afirmarse que el desencuentro entre esta administración y la ciudadanía se remonta al caso Caval y su brutal impacto sobre la imagen presidencial. En verdad, dicho caso afectó a la Mandataria en lo personal y en su imagen pública, pero el severo juicio que hoy recibe su administración poco tiene que ver con ello; se asienta en cambio en la constatación de un gobierno que, junto con insistir en una sucesión de reformas que la opinión pública rechaza, desatiende los requerimientos mínimos de gestión que cabe demandar a quienes dirigen el aparato público.

Cuando la Nueva Mayoría aún se sume en análisis y lamentaciones a raíz de las pobrísimas cifras de la última encuesta CEP, convendría al oficialismo ir más allá de lo que en definitiva es un registro de percepciones ciudadanas, y abordar en profundidad las falencias concretas que han llevado a tal estado de cosas. La semana que termina fue pródiga en hechos que las han evidenciado de modo dramático.

Ejemplos lamentables

Desde luego, la pérdida de la subvención de excelencia por parte del Instituto Nacional, principal establecimiento público del país, grave en sí misma, es también emblemática de las consecuencias acarreadas por la permisividad de las autoridades frente a las manifestaciones estudiantiles. Mucho más que una sana disposición a escuchar, se ha llegado a reconocer personería a jóvenes en pleno proceso de formación y que, sin embargo, se arrogan el poder de impedirles a sus propios compañeros ejercer el simple derecho de asistir a clases. Es cierto que hoy, cuando es claro el repudio ciudadano hacia las acciones de fuerza protagonizadas por los estudiantes, figuras del oficialismo expresan su voluntad de recuperar la disciplina, pero antes muchas de ellas avalaron -de modo activo o con su silencio- las tomas de colegios, e hicieron un tabú de la palabra desalojo. Frente a ello, los apoderados continúan su fuga hacia los colegios particulares; todo, bajo un gobierno que proclama la recuperación de la educación pública como objetivo central. Eso, mientras los rectores de universidades han desnudado la incapacidad del Gobierno para implementar adecuadamente su promesa de gratuidad: a ocho meses de aprobada la ley, y cuando el sistema debiera encontrarse plenamente operativo, el atraso en la entrega de la cuota correspondiente obliga a los planteles a endeudarse.

En Salud, en tanto, la jibarización del programa de construcción de hospitales alcanza ribetes de cruel ironía, con una autoridad que, empeñada en mantener la cifra de establecimientos comprometidos (20), ha reducido su tamaño, complejidad y comunidades atendidas.

Y en lo político, el Gobierno se tomó varios días antes de ofrecer una respuesta a graves denuncias de parcialidad por parte del subsecretario de Desarrollo Regional. Ello, en la misma semana en que el intento por nombrar al nuevo subsecretario general de Gobierno derivó en un bochorno, producto -otra vez- de no haberse efectuado la adecuada revisión y consideración de sus antecedentes.

No basta un cambio de gabinete

Si por separado cada uno de estos hechos daría cuenta de complejos problemas al interior de cualquier gobierno, su simultaneidad habla de una administración que, aun cuando alegue -en las palabras del ministro del Interior- no sufrir una "fatiga de materiales", sí se encuentra en una situación crítica, cuya superación excede los alcances de un ajuste ministerial. En efecto, el mero reemplazo de caras sobre el que se especula en estos días no traerá mayores resultados si no es expresión también de un profundo cambio de orientación, prioridades y formas de trabajo.

Lo ocurrido a propósito del tema previsional grafica mucho de lo que debiera corregirse.

Se ha observado allí a un gobierno presto a responder ante una masiva movilización de "la calle", pero el paso de los días ha mostrado que se carecía de definiciones mínimas respecto de lo que se pretende. El llamado a un gran diálogo nacional sobre el tema -aun obviando que el espacio natural de dicho diálogo es el Congreso- ha derivado en una discusión pública entre los miembros del gabinete respecto del contenido de la reforma que se quiere hacer; más concretamente, sobre si la cotización adicional que se establecería debería ir íntegramente a un fondo común o destinarse a las cuentas de capitalización individual. Así, la unidad de acción que debiere ser característica de cualquier gobierno ha sido desplazada por la reproducción al interior del propio equipo ministerial de las pugnas entre sectores moderados y refundacionales que corroen a la Nueva Mayoría. Resultado de aquello, si el tono convocante y conciliador con que la Presidenta abordó el tema hace un par de semanas pareció tranquilizar a los distintos actores públicos, hoy vuelve a instalarse la incertidumbre: precisamente el factor señalado por especialistas como determinante en el débil desempeño económico de estos años y uno de los detonantes de la desafección ciudadana.