Cuando buscamos ayuda honestamente, lo primero que hacemos es decir la verdad precisando cuál es la realidad que enfrentamos. Si, en cambio, solo se busca beneficiarse a cualquier costa, se desdibujan los hechos para sacar una ventaja propia.

En la discusión política normalmente ocurre lo segundo. Los políticos tienden a simplificar una situación, se identifican culpables y se esbozan soluciones que no son tales pero que suponen más atribuciones para ellos mismos.

En materia de pensiones hemos visto este fenómeno desarrollarse en el país recientemente. El tema es extremadamente complejo, cruzado por múltiples decisiones que cada uno de nosotros toma a lo largo de la vida.

Todas ellas tienen consecuencias y se reflejan en cuánto estuve dispuesto a ahorrar o cuánto contribuí a un país más próspero, y por lo mismo es un tema intrínsecamente moral. Probablemente la mayoría considere inmoral obligar a nuestros hijos hacerse cargo de nuestros últimos años, más aún si conscientemente se optó por no hacer un esfuerzo hoy. Identificar y enfrentar con claridad esa realidad se escabulle y se plantean propuestas que detrás de palabras amables, como solidaridad, lo que buscan es traspasar el problema a las generaciones futuras y disponer de la discrecionalidad que fue la que precisamente permitió los "jubilazos" de Gendarmería.

Es una demostración de gran habilidad política haber aprovechado la indignación de la opinión pública por esos hechos, para terminar de demonizar a un sistema que para los que tomaron las decisiones y realizaron los esfuerzos a la altura de sus pretensiones ha funcionado bien y sin escándalos. Más aún, las soluciones propuestas nos deslizan por un camino que, depende de cómo se implemente, tarde o temprano nos lleva a una mayor discrecionalidad del aparato político. De seguir esa senda, la injusticia de lo realizado en Gendarmería será un juego de niños. En el pasado, ya vimos cómo bajo el aura de la solidaridad había pensiones de privilegio -las perseguidoras-y algunos, como los parlamentarios, por el solo hecho de haber ejercido el cargo conseguían una pensión; mientras que la gran mayoría esperaba a cumplir 65 años, cuando trabajaban desde los 14 o 15 años, y ni siquiera tenía el reajuste de inflación asegurado.

La primera verdad que debemos enfrentar es que si no queremos cargar a nuestros hijos cuando no tengamos ya el mismo vigor, debemos hacer un esfuerzo hoy, y este debe guardar proporcionalidad con nuestras expectativas de recursos para la vejez. Propuestas que quieren evadir esta realidad -aunque se disfracen de palabras como solidaridad- pero que traspasan el problema a generaciones futuras son esencialmente inmorales. Desgraciadamente ello además tiene otras serias consecuencias. Si hoy no hacemos esfuerzos, el país progresará menos, habremos legado un país más empobrecido y aunque nuestros hijos quieran, no podrán soportar la carga impuesta.

Analicemos qué ha pasado con el sistema actual que pone énfasis precisamente en el ahorro. Desde el punto de vista de canalizar e invertir esos esfuerzos, las AFP han sido exitosas. La rentabilidad de los fondos en el largo plazo ha sido 8,2% real. En ningún momento en décadas han estado en riesgo los recursos de los trabajadores. Si no dio aún mayor rentabilidad fue por los resguardos adoptados para disminuir riesgos y con ello probablemente rentabilidad. Los multifondos dieron más flexibilidad, pero los avances adicionales deben tener cautela; después de todo se trata de ahorro obligatorio.

Es cierto que las condiciones económicas hoy hacen prever que las rentabilidades futuras serán menores. Pero ello en parte se debe a que el dinamismo de progreso es mucho menor. Sería un contrasentido en un país que crece menos pretender pensiones mayores. Una contribución adicional como impuesto al trabajo llevaría a un dinamismo aún menor y más frustración.

Para los que desean un fondo adicional para disponer discrecionalmente en el ámbito político, un 50% de mayor cotización es muy atractivo. Basta ver cómo algunos miembros de la coalición gobernante ven en esta discusión un problema de poder. No lo quieren en los ciudadanos, sino en sus propias manos.

Cuando en función del contexto se decidan aumentar las cotizaciones, lo adecuado es que si bien cada punto de alza lo financien inicialmente los empleadores, este se incorpore como un aumento del sueldo del mismo monto. Es indispensable que finalmente los trabajadores lo vean como un esfuerzo propio, ya que finalmente eso es lo que es. Sería conveniente permitir que los empleadores, eso sí, puedan adelantar el proceso con los correspondientes beneficios de un aporte previsional.

Pero se podría argumentar que si bien el ahorro ha funcionado bien, las pensiones no. Para ello se muestran cifras de los promedios actuales y del sistema antiguo. Ambas bajas, sin embargo, son mundos distintos. Al ser hoy lo ahorrado propio del trabajador, aún con muy poco tiempo de cotización aparece en las estadísticas. De hecho, numerosas mujeres, sin ser parte de la fuerza de trabajo, se inscribieron en las AFP para tener acceso al beneficio del bono por hijo que concedió Bachelet. Al cumplir los 65 años tienen derecho a pensión, pero lo ahorrado es muy bajo. En el sistema antiguo sin un mínimo de años la pensión no existe y no pesa en los promedios. Si se considera a los hombres que cotizaron 30 años o más, el monto promedio de pensión alcanza alrededor de $650 mil. Entre los 25 y 65 años hay 40 años para cotizar 30; ello no parece imposible para un trabajador.

Además, debemos considerar que el tope imponible limita ese promedio y para muchas personas ese es un inconveniente si es que no ahorraron adicionalmente. De hecho, donde ha sido más grave es en el caso de los funcionarios públicos, a los que por muchos años no se les cotizó por el total del tope imponible.

Sin embargo, subir abruptamente el tope en un 50% como se ha propuesto tiene consecuencias relevantes que afectan otras áreas. Un camino paulatino que facilite que desde ya los empleadores o los trabajadores puedan hacerlo voluntariamente es más realista. Aunque deban romperse ciertos dogmas tributarios, debieran ampliarse los mecanismos que permiten considerar aporte previsional ciertos montos importantes, y quizás esporádicos, que deseen hacer los trabajadores. Después de todo, la vida no es monótona y hay momentos de mayor fortuna.

Corresponde ahora enfrentar la realidad de los que cotizan pocos años o no cotizan. El sistema de reparto lo resuelve con simpleza. Simplemente no tienen derecho a nada. Al crearse las AFP se consolida la pensión asistencial como apoyo a los que lo necesitan y no han ahorrado. A su vez, se establece un mínimo, apoyado por el fisco para los que sí ahorran, pero no suficiente. En el 2008, se cambia el nombre a pilar solidario y se modifica este sistema dual, introduciéndose mayor variabilidad en los mínimos y con ello mayor discrecionalidad. Pero ambas situaciones hacen lo mismo, ofrecernos algo hoy para que se hagan cargo las generaciones que vienen.

Es perfectamente razonable discutir esos parámetros, pero para evitar la demagogia y tomar decisiones realistas debiera considerarse que, para cualquier cifra que definan los políticos hoy, hagan el gasto también hoy proveyendo los fondos correspondientes, y se aporten de inmediato los recursos que los beneficiados necesiten para asegurar lo que se les promete. Evitemos el síndrome del líder bondadoso que dice regalar algo cuando lo que hace es pasarles la cuenta a los que vienen.

No hay espacio para los múltiples otros temas insinuados. Pero la verdad debe ser el punto de partida. Las mujeres tienen mayor expectativa de vida y eso es una realidad. Cambiar las tasas de mortalidad es una trampa en el solitario. O se quedarán sin recursos en el retiro programado o el problema lo tendrá el intendente de Seguros que deberá exigir reservar diferenciados por sexo. Si se quiere dar un verdadero apoyo, el fisco podría financiar en el momento de jubilar un mayor aporte especial o un seguro de sobrevida.

Respecto a las propuestas como las de castigar a las AFP y otras tantas, deben evaluarse bien. De lo que se trata es que se mantenga un balance entre mayor rentabilidad y riesgo.

Es cierto que en este caso el Gobierno ha parecido más prudente que en otras reformas, a pesar de las confusiones y claras intenciones divergentes en la coalición. A varios les habría satisfecho una decisión similar a la de Kirchner en la Argentina -expropiar los fondos actuales y prometer pensiones a costa del futuro, con amplia discrecionalidad política-. Pero si no se parte por enfrentar y conocer en profundidad la realidad, aun cuando no nos agrade, es posible que, aunque menos abruptamente, sigamos finalmente y a la larga el mismo camino.