La encuesta CEP, que prometía avivar el alegre debate sobre candidatos parece obligarnos, en cambio, a la más triste tarea de conversar sobre la crisis política que atravesamos.

Si no le parece, repasemos algunas cifras: Un 80% piensa que casi todos o bastantes de los políticos están involucrados en casos de corrupción; una cifra que apenas llegaba a la mitad hace 10 años. El político mejor evaluado no alcanza al 45% de aprobación y apenas un 1% menciona espontáneamente que lo quiere como Presidente, lo que también es inédito. Los que piensan que la situación política del país es mala o muy mala superaron, por primera vez, la barrera de los dos tercios y menos del 10% piensa que eso mejorará. El número de los que aprueban a las dos más grandes coaliciones políticas está en la cifra más baja de la historia. La aprobación del Gobierno cae a plomo, registrando la peor desde el retorno a la democracia. Casi dos tercios le pone nota roja a los parlamentarios y la mitad de ellos nota 1. Quienes dicen que es seguro o probable que irán a votar apenas alcanzan al 50%. Las cifras son elocuentes para mostrar falta de entusiasmo, rechazo y ajenidad por lo que la política ofrece. Quién saque cuentas alegres es irresponsable o frívolo; miope quien lo atribuya a problemas comunicacionales.

Echo tres ideas al ruedo para el debate que se nos viene.

La primera es que siendo aguda y multifacética la crisis, no debiéramos olvidar que el remedio de la refundación ya fue probado sin éxito y no ha hecho sino intensificar este rechazo generalizado. Frente a estas cifras será aguda la tentación de algunos por ser voceros del descontento y hacer promesas vagas y maniqueas de hacerlo todo de nuevo. Ciertamente hay mucho que revisar, pero las demandas que la ciudadanía hace a los gobiernos siguen más o menos estables hace 10 años: mejorar la salud, la educación, la seguridad, los sueldos y el empleo. Tan solo enfrentar la corrupción irrumpe como nuevo problema prioritario. La respuesta parece estar tan lejos del cosismo como del ensueño. Para recuperar su credibilidad, la política no debe vender humo, sino ofrecer políticas públicas en estas materias y prometer llevarlas a cabo con honestidad y eficiencia.

La segunda es que estas cifras parecen indicar una percepción acerca de mal funcionamiento del Estado. El debate de si las instituciones funcionan o no, como si la cuestión estuviera en si son capaces de abrir las cortinas cada mañana, eclipsa el análisis acerca de la calidad con la que funcionan. Parece indispensable empeñarnos en pensar y decir cómo se reorganizarán cada uno de los servicios públicos para responder con profesionalismo, eficiencia y honestidad las necesidades de la gente.

La tercera es que en medio de su marasmo, la política no debiera tratar de escapar de sí misma, para disfrazarse de otra cosa. Cuando Michelle Bachelet volvió a Chile a proclamar su candidatura, los presidentes de los partidos políticos que la apoyaban fueron excluidos del grupo que la esperaría en el aeropuerto. En vez de hacer un intento por recuperar la política, la Nueva Mayoría padeció la tentación de aparentar otro rostro. Las encuestas muestran hasta qué punto fracasan los intentos de "gobiernos ciudadanos". Las decisiones públicas conllevan posturas políticas acerca de los modelos económico sociales y es ineludible responderlas muy específicamente. Si los partidos se deciden a tomar y proclamar posiciones y a hacer ofertas concretas; si juegan a ser lo que son, ni más ni menos que políticos y eluden la tentación de ser maniqueos voceros del descontento, es probable que recuperen parte de la credibilidad que han perdido y podamos sentir como nuestras las instituciones de esta república.