La "hoja de ruta" anunciada por la Presidenta Bachelet para la reforma del sistema previsional aclaró aspectos de forma y fondo que son importantes. A diferencia del estilo exhibido en ocasiones anteriores, esta vez convocó a un diálogo amplio para un acuerdo político transversal. Consciente de la enorme trascendencia económica y social del tema, se pronunció a favor de determinados cambios que, conservando el sistema de capitalización individual imperante, lo complementarían y mejorarían. Por ello los anuncios han tenido en general una acogida favorable. Sin embargo, por tratarse de planteamientos todavía muy generales -y que las intervenciones posteriores de sus ministros, contrariamente a lo que se habría esperado, no han contribuido a precisar-, la naturaleza de sus propuestas es aún muy ambigua y la tramitación de los proyectos de ley correspondientes puede terminar siendo tan ardua y perturbadora como algunas de sus otras reformas.

Parte del problema se origina en una falla de diagnóstico. La Presidenta no refutó la visión según la cual el sistema de AFP funciona muy defectuosamente y que la solución -ideológicamente grata para sectores de la Nueva Mayoría- sería volver, al menos en parte, a alguna fórmula de reparto estatal. No faltarán quienes, con la mirada puesta en las elecciones venideras, piensen que la promesa de mejores jubilaciones puede resultar esta vez tan eficaz como lo fue la educación gratuita en la campaña anterior.

La propuesta de imponer una nueva cotización previsional de 5%, de cargo de los empleadores, a ser destinada a un "fondo solidario", no aclara mucho las cosas. Algunos han visto en ello el embrión de un nuevo sistema de reparto o de "solidaridad intergeneracional", donde los trabajadores activos apoyarían a los pasivos. Otros la entienden como una nueva forma de acumular ahorros para el retiro de los propios aportantes, con algún elemento de "solidaridad intrageneracional". Finalmente, están los que apuntan a que lo más adecuado sería que la nueva cotización engrosara los ahorros depositados en las cuentas individuales administradas por las AFP.

Otro tanto ocurre con los planteamientos gubernamentales acerca de las comisiones de las AFP. Una interpretación estricta de lo anunciado conspiraría contra la adecuada diversificación de las inversiones de las AFP y las concentraría en las opciones de menor riesgo y rentabilidad. Lejos de ayudar, ello se traduciría en pensiones más bajas para los futuros jubilados. Lo paradójico es que por iniciativa del propio gobierno, se tramita hoy un proyecto de ley que amplía la capacidad de inversión de los fondos previsionales en proyectos de infraestructura u otros emprendimientos, que la nueva modificación normativa despojaría ahora de atractivo. Tal vez puedan concebirse fórmulas apropiadas para atenuar estos efectos, pero desde ya sería conveniente despejar cualquier ambigüedad del anuncio presidencial para no afectar las decisiones de inversión que día a día deben adoptar las administradoras.

Desde luego, con el envío al Congreso -previsto para fines de año- de los proyectos de ley respectivos (podrían ser cuatro), el contenido de la propuesta presidencial adquirirá mayor nitidez. Pero, como ya ha ocurrido en otras reformas de alta connotación política o ideológica, no es descartable que -ante el desierto legislativo que parece anunciarse con el inicio del ciclo electoral- el Ejecutivo se dé por satisfecho con el mero envío de un proyecto sin un acabado sustento, el cual solo podrá cobrar forma tras un debate parlamentario largo y complejo. Tratándose de un tema que se presta tanto para la demagogia, y coincidiendo dicho debate con las próximas elecciones, esa estrategia podría ahondar la incertidumbre reinante, con el consiguiente daño para la economía y la popularidad del Gobierno. El Ejecutivo, a partir de un diagnóstico técnico más profundo de lo que hasta ahora ha entregado y tras un diálogo político constructivo, debería prontamente despejar las imprecisiones de su propuesta.