Se ha celebrado el tono unitario y moderado del planteamiento previsional de la Presidenta Bachelet. Era hora ya de desechar la fatídica retroexcavadora. Pero, tanto su diagnóstico como la prescripción que esboza son incorrectos.

Las pensiones son bajas, no porque el sistema de capitalización individual opere mal, sino porque el ahorro es insuficiente y el apoyo estatal del llamado "pilar solidario" es mezquino. La propuesta de la Mandataria no apunta ni a una ni a otra falla. En cambio, plantea crear un nuevo mecanismo estatal para complementar las pensiones actuales y futuras. En principio, habría bastado con dotar de suficientes recursos al pilar solidario existente, cuyo diseño actual -obra de su anterior mandato- es adecuado. Eso sí que ello habría demandado más gasto fiscal y exigido renunciar a la ineficiente e inequitativa gratuidad universitaria prometida.

La intención es introducir al sistema previsional "un componente de esfuerzo colectivo". Una porción de sus recursos -no especificada aún- ayudaría a los actuales jubilados, mientras que la otra, a quienes se retiren a futuro. No se han delineado las cruciales reglas de asignación de tales transferencias, de evidentes implicancias políticas.

El riesgo es que el fondo propuesto -que en esencia opera bajo la modalidad de reparto- incurra en las ineficiencias e inequidades de nuestro antiguo régimen previsional, al cual, con razón, la Presidenta ha rechazado volver. Nada hace pensar que vaya a conseguir mejor rendimiento que el obtenido por las AFP para nuestros ahorros. Es más, los US$ 4.000 millones que recibiría anualmente estarían expuestos a corruptelas como las descubiertas con el "jubilazo" de Gendarmería, también sujeta a un régimen de reparto. En la propuesta gubernamental no se divisa nada que asegure solidaridad con los adultos mayores verdaderamente necesitados.

El financiamiento que propone es muy diferente al aumento de cotizaciones, recomendado por diversos expertos, para engrosar los ahorros de los trabajadores. Se trataría, en rigor, de un impuesto equivalente al 5% de la planilla de sueldos de todos los empleadores. Al elevar artificialmente los costos laborales, ello resta competitividad a las empresas grandes y pequeñas, desalienta la creación de empleos y termina perjudicando los salarios líquidos. Por ello, y por la existencia de un tope sobre el sueldo imponible, el impacto del impuesto es probablemente regresivo: en relación a sus sueldos, recae más sobre los trabajadores más pobres. Según se ha informado, el nuevo gravamen recaudaría, en términos brutos, un 1,5% del PIB, la mitad de lo previsto en la controvertida reforma tributaria del 2014. Esta vez, sí, el golpe lo recibirían principalmente los ingresos líquidos de los trabajadores asalariados y los independientes, ahora obligados a cotizar.

El Gobierno ha llamado a un diálogo técnico y político sobre la materia. Ojalá sirva para enmendar lo anunciado.