En un marcado giro respecto de las declaraciones hechas hasta ahora sobre lo que el Gobierno podía avanzar en el actual debate previsional, la Presidenta Bachelet ha resuelto presentar al Congreso un conjunto de reformas -y no solo un cronograma u hoja de ruta, como se había anunciado- a nuestro sistema previsional y convocó a un gran acuerdo nacional -ya sin retroexcavadoras- para su discusión y aprobación.

En rigor, el debate previsional irrumpió en la agenda pública tras una masiva y pacífica manifestación en contra del estado de cosas del régimen previsional, convocada bajo una arenga crítica de las AFP, pero extensiva a los abusos previsionales en Gendarmería, y motivada ante todo por las bajas pensiones que reciben muchos jubilados.

La improvisada discusión de estos días se ha desarrollado con un grado considerable de confusión, carencia de antecedentes y episodios comunicacionales, pero aun así ha permitido despejar ciertos mitos e identificar justificadas inquietudes de los imponentes. Y así, el día martes, la Presidenta Bachelet, mediante cadena nacional, fijó una posición clarificadora y constructiva, lo que constituye una señal política de indudable valor.

Ya en días previos, la mandataria había descartado volver al sistema de reparto debido a la nueva realidad demográfica. En su alocución del martes rechazó el populismo (con el futuro de las pensiones y con la economía no se juega, dijo), confirmó la vigencia del sistema mixto con una base de capitalización individual, recordó que las cuentas individuales son propiedad de cada cotizante (lo que, según las encuestas, la ciudadanía desconoce) y planteó una batería de cambios regulatorios, el más importante de los cuales es el reforzamiento del llamado pilar solidario a través del incremento de las cotizaciones con cargo del empleador. El tono y el contenido de los anuncios denotan una voluntad de construcción de acuerdos y de moderación auspiciosa para el debate político-legislativo que se avecina.

Hace bien la Presidenta en optar por perfeccionar -y no reemplazar- el sistema de capitalización individual. Es cierto que es solo un sistema de ahorro y en él las AFP no tienen otra función que captar las imposiciones, resguardarlas, invertirlas bien y devolverlas en la forma de pensiones de vejez. Esa tarea es, por supuesto, de crucial importancia para sus 10 millones de afiliados. Y en ella, como señaló el ex presidente de AFP Hábitat José Antonio Guzmán, en reciente entrevista de televisión, el sistema se ha desempeñado de modo sobresaliente: no solo no ha habido desfalcos u otros escándalos, y ha sorteado bien fuertes trastornos económicos nacionales e internacionales, sino que ha multiplicado los fondos, al punto que de los US$ 170 mil millones hoy bajo su administración, dos tercios corresponden al rendimiento obtenido para los afiliados y solo un tercio a la suma de las cotizaciones recibidas. Nótese que -a diferencia de lo que desliza cierta crítica desinformada- ese rendimiento es adicional a las comisiones cobradas por las AFP a los afiliados y a los costos de intermediación incurridos por cuenta de ellos.

Clarificador resultaría asimismo que la Superintendencia de Pensiones o las propias AFP pudieran informar sobre las pensiones pagadas en función de los años de cotización de los imponentes, para despejar el prejuicio causado por una desprolija información que dice que la pensión promedio que pagan estas instituciones sería de tan solo $200 mil mensuales, dando la impresión de que eso sería responsabilidad de las administradoras o del sistema en sí mismo. Esa cifra cubre historias muy diferentes en cuanto a tiempo y frecuencia de las cotizaciones. Solo últimamente las AFP han hecho público que quienes han aportado regularmente durante su vida laboral -y juntan más de 30 años de cotizaciones- están obteniendo pensiones tres veces superiores a dicho promedio. Tardíamente, se aclara así una grave desinformación: nuestro sistema de capitalización paga buenas pensiones en relación con los últimos sueldos, en el supuesto de que reciba ahorros suficientes. Pero, asimismo, el debate previsional ha puesto en evidencia -y es positivo que así haya sido porque, como se ha dicho, los ancianos no marchan- la precariedad económica en la que viven muchos de nuestros adultos mayores.

Y es que con mayor frecuencia de lo previsto, los ahorros acumulados en sus cuentas individuales no son suficientes, sea por los bajos sueldos percibidos y las "lagunas" previsionales ocasionadas por cesantía o inactividad laboral, sin desconocer la reprochable desaprensión e irresponsabilidad de algunos ciudadanos.

Suponer -como hacen sus críticos- que serían las AFP las encargadas de rectificar esa falla equivale a responsabilizar a las inmobiliarias del déficit habitacional o a los supermercados de la desnutrición. Las malas condiciones de vida en la tercera edad -aparte de apelar al necesario apoyo familiar y filantrópico- han de ser preocupación prioritaria de las políticas públicas. Por eso, nuestro sistema de capitalización, desde su creación en 1980, contó con el complemento de una "pensión mínima", la que fue luego ampliada y mejorada con el "pilar solidario", introducido por la Presidenta Bachelet en su primer mandato.

El anuncio presidencial profundiza la acción subsidiaria del Estado en materia de pensiones, creando una suerte de segundo pilar solidario. Este revestiría la forma de un fondo para complementar tanto las actuales como las futuras jubilaciones. Su financiamiento provendría de un 5% de cotización adicional sobre los salarios, de cargo de los empleadores. Este aspecto de la propuesta parece discutible. A diferencia del actual pilar solidario, solventado por el erario público, se crearía una especie de gravamen a la contratación de personal, que puede ser inconveniente para la creación de empleos -por ejemplo en las pymes-, discriminatorio en contra de los sectores que más puestos de trabajo generan y posiblemente inequitativo (si, como las actuales cotizaciones, está sujeto a tope). En este sentido, la propuesta de la Presidenta Bachelet difiere importantemente de los planteamientos hechos en cuanto a la conveniencia de elevar, con cargo al empleador, la contribución a las cuentas individuales de los afiliados en las AFP.

Informó también la Presidenta Bachelet la intención de introducir cambios -aún no del todo precisados- en la estructura de comisiones de las AFP y en las tablas de mortalidad para la determinación de las comisiones. Esos anuncios habrán de ser revisados con detención para no incidir desfavorablemente en el manejo de las AFP y en las futuras pensiones. Mientras tanto, dos temas políticamente álgidos, como son la postergación de la edad mínima de jubilación, ampliamente favorecida por los expertos, y la incorporación de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería -fuente del escándalo que puso el debate previsional en la agenda- al régimen previsional general, no fueron incluidos en los anuncios, pero son aspectos que presumiblemente surgirán durante el debate político-legislativo que se iniciará.