Señor Director:

Recientemente se ha comenzado a discutir la última gran reforma de este gobierno: la de Educación Superior. Esta iniciativa crea toda una nueva institucionalidad y busca convertir al Estado en el rector y más importante actor del sistema de educación superior.

Sin ahondar en los evidentes problemas de diseño de la iniciativa, que ya han sido relevados por diversos actores, creo importante que como país nos preguntemos hasta qué punto es conveniente que el Estado intervenga en un ámbito tan esencial para la sociedad. ¿Será razonable que el Mineduc y sus organismos dependientes tengan atribuciones tales como controlar el crecimiento de la matrícula de las instituciones; realizar el examen del uso de los recursos de estas; fijar los precios de los aranceles, derechos de matrículas y cobros por titulación de las más de 12.000 carreras y programas; autorizar o no la apertura de nuevas carreras, programas y sedes; definir y administrar el "sistema único de admisión" a la educación superior; determinar la "pertinencia" de las carreras, o establecer el marco nacional de cualificaciones?

Al ver estas atribuciones, y sin tener la necesidad de recurrir a argumentos como el respeto a la autonomía institucional o a la diversidad de proyectos educativos -principios que paradójicamente el proyecto dice asegurar-, es posible vaticinar que, de aprobarse el nivel de control estatal que se pretende en este proyecto, las instituciones de nuestro país terminarán transformándose en verdaderas marionetas de las autoridades de turno, sin importar a cuál de las actuales "categorías" estas pertenezcan.

Jorge Avilés
Abogado Libertad y Desarrollo