¿Es correcto que el Gobierno decida remover a la rectora de una universidad estatal arguyendo diferencias en torno a la reforma?

Aparentemente sí.

La rectora Pey no lo es de una universidad en sentido estricto, sino de un proyecto de universidad cuya realización era su principal deber. La instalación de esa universidad constituye un objetivo gubernamental (aparecía anunciado en el programa) y la rectora había sido nombrada para ejecutarlo. ¿Cómo extrañarse entonces de que cuando sus opiniones divergieran de las del Gobierno este último decidiera pedirle la renuncia? ¿Acaso la ley que creó esa universidad no disponía que la rectora podía ser removida?

La decisión parece correcta.

Pero no. No es correcta. Y al adoptarla, el Gobierno ha cometido un grave error.

Desde luego político.

La rectora Pey ha tenido opiniones distintas a las que el Gobierno esperaba; ha presentado proyectos que van mucho más allá de la estrecha disponibilidad presupuestaria que el Gobierno tiene, y, en fin, ella cree que la universidad que dirige debe tener programas de admisión inéditos en el sistema. Todo eso es así. Pero revela una grave incomprensión de aquello que constituye a una universidad y del papel que le cabe a una rectora: esperar que ella, en vez de dedicarse, como lo hizo, a coalicionar voluntades y solicitar recursos, se comportara como una funcionaria escrupulosa y dedicada nada más que a ejecutar la voluntad gubernamental, a poner oídos simplemente a lo que la ministra le dijera o los asesores le insinuaran. La rectora Pey no es una funcionaria gubernamental, ni el hecho de haber sido nombrada por la Presidenta la erige en una dependienta, ni la circunstancia de estar instalando una institución la priva de su carácter de rectora universitaria, ni el hecho de que la haya designado la Presidenta la transforma en personal de su exclusiva confianza.

Pero también es un error jurídico.

La rectora Pey dirige una institución que, una vez constituida por ley, dispone de indudable autonomía. ¿Cómo aceptar entonces que la Presidenta sin más la destituya esgrimiendo el artículo 3 transitorio, sin lesionar al mismo tiempo la autonomía que consagra el artículo 2 de la Ley 20.842? La ley exige que la Presidenta tenga motivos fundados para destituirla; pero, descontada la incapacidad que en este caso no cuenta, ¿qué otra razón, compatible con la autonomía que la ley reconoce, podría esgrimirse para que su destitución sea considerada correcta ya no solo por la Contraloría, sino por el resto de las universidades estatales?

El incidente revela además un malentendido gubernamental acerca de la naturaleza de las universidades estatales y pone a prueba la voluntad de estas últimas para disiparlo.

Las universidades estatales no son entidades que pertenezcan en propiedad al Estado o al Gobierno. Es verdad que los rectores de esas universidades gustan decir que el Estado es su dueño y que de ahí derivan especiales deberes estatales hacia ellas; pero esa expresión no es más que un error conceptual y un desliz retórico producto de las urgencias y los descuidos del debate. Las universidades de veras no tienen dueño. Las universidades, estatales o privadas, son comunidades que no dependen de relaciones de propiedad, no están destinadas a realizar los designios de un propietario o de un inversionista o de un filántropo, ni, tampoco, a llevar a término las políticas públicas gubernamentales, sino que se trata de proyectos intelectuales cuyo deber es transmitir la cultura de su tiempo y ejercitar a las nuevas generaciones, y a sus miembros, en la virtudes del trabajo intelectual. Y para eso requieren autonomía, y por eso son tan dispendiosas, como la rectora Pey, en espíritu crítico.

No cabe duda.

Si se acepta que el Gobierno, a la menor discrepancia con la rectora a quien designó, la despida y la destituya, ¿qué quedaría del espíritu crítico que las universidades enseñan a sus miembros? Y si esto se acepta sin chistar, ¿cómo se podrían quejar las universidades cuando sea otro gobierno el que emplee las armas de la burocracia y el financiamiento, no para destituir a quienes las dirigen, sino, lo que es peor, para alinearlas con lo que el ministerio estime mejor?

No hay que descuidar la importancia de este incidente o banalizarlo: las universidades son instituciones frágiles que, junto con descansar en la autodisciplina de sus miembros, exigen del poder del Estado que se abstenga de intervenir en ellas.

Aunque las opiniones y puntos de vista de sus miembros le escuezan y molesten.