El caso de la gratuidad universal en la educación superior ilustra la complejidad del desafío de asegurar el goce de derechos económico-sociales y muestra, además, una de las causas de la crisis política en que nos hayamos.

La idea fuerza que ha inspirado el proyecto de gratuidad universal es la de garantizar el derecho a la educación superior. Cambiar el paradigma de la educación desde la idea de mercancía a su tratamiento como derecho ha sido la más poderosa consigna del movimiento estudiantil que la ha impulsado.

En cambio, una mirada realista del desafío de asegurar el goce de este derecho, tal vez el más importante para disminuir la desigualdad y emparejar la cancha de las oportunidades, pone en seria duda la estrategia.

El costo de pagar la universidad es ciertamente uno de los factores que entraban el goce del derecho, pero este gravita de modo desigual. Entre los pobres, pero no entre los ricos, llega a ser un impedimento. El goce universal del derecho no exige ni justifica la gratuidad para todos, ni constituye un argumento per se en contra de toda política de becas y créditos a quienes, en su mayoría, llegarán a gozar de buenas rentas, estrategia ahora estigmatizada, sin razón ni justicia, bajo la consigna de poner fin a la educación como mercancía.

Pero el problema mayor de la gratuidad universal son sus costos rivales, pues el pago privado no es tampoco lo único que entraba el goce del derecho. La educación superior será siempre selectiva. Estando los talentos parejamente distribuidos, son evidentes las diferencias de preparación para acceder a la educación superior entre quienes cursan educación media en un colegio particular pagado y quienes lo hacen en una escuela municipal. El quintil más rico casi triplica al más pobre en porcentaje de estudiantes que acceden a la universidad (24% contra 64%), realidad que no cambiará la sola política de gratuidad. Preguntados los jóvenes de entre 18 y 25 años pertenecientes al decil más pobre por qué no estudian, quienes declaran dificultades económicas para no hacerlo (17%) son equivalentes a quienes dicen no hacerlo por necesidad de trabajar (18%), y por maternidad o paternidad (14%).

En consecuencia, si asumimos que el anhelo por mayor igualdad y por poner fin a injusticias es la demanda más sentida que la población hace a la política y que el pleno goce universal del derecho a la educación superior es un vehículo primordial de la igualdad de oportunidades, la política necesita de un plan equilibrado que se haga cargo de abatir simultánea y equilibradamente todas y cada de las trabas que entorpecen el goce efectivo de ese derecho. Así, el gasto y el esfuerzo público que se destinen a este fin deben distribuirse ponderadamente entre mejorar la calidad de la educación pública previa; asegurar pruebas de ingreso sin sesgo de clase; evitar la deserción por falta de capital cultural; aumentar el ingreso familiar de los más pobres, y evitar que el costo privado impida ejercer el derecho. Ese esfuerzo complejo y realista es diverso a comprometer recursos en un plazo solo comparable a la Ley Reservada del Cobre, para alcanzar una consigna ineficiente para la igualdad que se necesita.

La estrategia de convertir las consignas de la calle en leyes es la señal más clara de la crisis política. Si esta se origina en la falta de confianza en las instituciones, ella se transforma en decadencia cuando algunas autoridades intentan recuperar el prestigio perdido renunciando a su función más propia, que consiste en transformar demandas ciudadanas en políticas eficientes. La política de la consigna no sirve para aumentar el goce de los derechos y es una mala estrategia para recuperar la legitimidad perdida. Para salir de la crisis política no basta con evitar que ella sea capturada por el dinero o los grupos de presión. Se requiere, además, que su discurso abandone los testimonios verbales y apueste por rendir cuenta de resultados.