La solicitud de renuncia formulada por el Ministerio de Educación a la rectora de la recién creada -por el Gobierno- Universidad de Aysén, Roxana Pey, se ha convertido en un nuevo conflicto en el sector educacional. La rectora nombrada por la Presidenta Bachelet decidió inicialmente no aceptar la petición de renuncia, argumentando que su cargo no es de confianza y acusando que la destitución se debía a su falta de alineación con la reforma a la educación superior que impulsaba el Gobierno. Si bien muchas de las críticas expresadas habitualmente por Pey a través de las redes sociales carecían de fundamentos -como cuando acusó al ministro Rodrigo Valdés de "inflar" los recursos necesarios para cumplir con la gratuidad-, no es claro que hayan sido ese tipo de comentarios los que arriesgan su salida.

Cabe recordar que esta casa de estudios, así como la universidad de O'Higgins, fueron creadas por la Ley 20.842 del año 2015 y se encuentran en proceso de instalación, estando pendiente aún la promulgación de los estatutos que las regirán. Precisamente el contenido de los estatutos parece ser una de las verdaderas fuentes de tensión entre el Mineduc y Pey. La rectora entregó una primera versión en marzo pasado, pero aparentemente no se ha hecho cargo de las observaciones que suscitó su borrador. El texto propuesto como estatuto no se ajustaría a las actuales normas -ni a las futuras regulaciones que se discuten- para las universidades estatales, y no parece fácil que se pueda cumplir con el plazo establecido en la ley para que la Presidencia de la República promulgue las normas estatutarias de esa institución y que vence el próximo 7 de agosto.

El Ministerio de Educación ha declarado, además, que la ex rectora ha intentado reiteradamente excluir a su universidad del sistema único de admisiones. Ese planteamiento parece incompatible con las aspiraciones del Gobierno de solicitar que todas las instituciones que se sumen a la gratuidad participen en el sistema único de admisiones o contar con un sistema transparente para estos efectos. La insistencia adicional de Pey para adelantar la gratuidad para todos los futuros estudiantes de la Universidad de Aysén, independientemente de su condición socioeconómica, introduciría una discriminación difícil de justificar. Indudablemente que la convocatoria y sustentabilidad de esa universidad no es una tarea fácil, por la baja densidad poblacional de la región y el buen posicionamiento de otras instituciones de educación superior, como el Campus Patagonia de la Universidad Austral. Esas objeciones no fueron atendidas cuando se promovió la creación de esta nueva universidad y ciertamente no se pueden corregir con propuestas como las planteadas.

El conflicto generado, cuya intensidad puede escalar tras el apoyo a la rectora por parte del PC, los rectores de universidades estatales y Revolución Democrática, entre otros, se podría haber moderado de haber existido un mandato claro y transparente para estos rectores, de conocimiento público, así como la divulgación oportuna, entre otros documentos, de los borradores de estatutos y las observaciones planteadas por el Ministerio de Educación. En todo caso, parece una exageración argumentar que esta situación pone en riesgo la autonomía de las universidades estatales, cuando se está hablando de una institución en formación, sin alumnos ni académicos, y cuya ley establece expresamente la atribución Presidencial de remover, por razones fundadas, al rector nombrado por el propio Ejecutivo. Es posible que esas razones existan, pero la desprolijidad con la que se manejó esta situación y la falta de transparencia con la que se ha llevado adelante este proceso de instalación, revelan nuevamente las debilidades de la gestión del Gobierno, en general, y del Ministerio de Educación, en particular.