Pocas veces un proyecto de ley había suscitado tanto rechazo como el de educación superior. A medida que se profundiza en sus contenidos la desaprobación crece. Se notan no solo inconsistencias internas; también es difícil predecir las consecuencias que tendrán algunas de sus disposiciones. Además, carece de una visión de largo plazo respecto del desarrollo del sistema de educación superior que permita sustentar su estado actual o guiar los cambios que puedan introducírsele en el Congreso.

El proyecto se aparta sustancialmente de recomendaciones que hace algunos años prepararon la OCDE y el Banco Mundial después de un cuidadoso intercambio de opiniones con diversos actores y expertos nacionales. Tampoco se acerca a las sugerencias que hiciera el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y que integraron varios rectores actuales.

Es cierto que eran momentos políticos más calmos, pero precisamente por ello reflejaban una visión de más largo plazo del sistema. Este proyecto de ley, en cambio, es un conjunto poco articulado de iniciativas que no auguran un desarrollo adecuado de nuestro sistema de educación superior. Por eso, es difícil sustraerse a la sensación de que las autoridades de Gobierno parecen no estar convencidas de cuál es la concepción desde la cual debe construirse una educación superior que no solo forme profesionales, sino personas que den sentido e impulso al progreso del país.

Así, emergen algunas preguntas ineludibles: ¿Cómo puede ser sensato, por ejemplo, que el país quiera pasar de un financiamiento de la educación superior fuertemente privado a uno completamente público y no pueda encontrar un equilibrio, sobre todo cuando la gran mayoría de los países está buscando precisamente acercarse a esa ecuación? ¿Cómo puede ser razonable que un sistema de acreditación que tiene varios defectos, y cuya mayor fortaleza es la de ser un organismo autónomo, se convierta ahora en un servicio público cuyo presidente es el jefe del servicio? ¿Cuáles son las experiencias internacionales que avalan esta decisión? ¿Qué información se ha tenido a la vista para permitir que mientras no se complete la gratuidad las universidades que han ingresado al sistema puedan cobrarles a sus estudiantes un 20 por ciento más que el arancel regulado si están en los deciles de ingreso 6 y 7, un 60 por ciento más si están en los deciles 8 y 9, y todo lo que estimen conveniente si están en el décimo decil? ¿Cuál es el país que se ha estudiado para resolver que el sistema de admisión a la educación superior deba estar en manos de la futura Subsecretaría de Educación Superior y que está bien que esta decida sobre las ponderaciones mínimas que debe tener cada instrumento de admisión diseñado en esta instancia?

Estas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria en el marco propuesto. En esas circunstancias, y atendido el alto rechazo, quizás el camino más sabio es que el Congreso rechace la idea de legislar o que el Ejecutivo retire el proyecto, de modo de obligarse a definir una legislación más razonable y acotada que vaya acompañada de una visión estratégica y de largo alcance para la educación superior.