Señor Director:

El mensaje presidencial que inicia el proyecto de reforma a la educación superior despeja pocas dudas y abre nuevas interrogantes acerca de las posibilidades de desarrollo del sector.

Si bien reconoce los avances en cobertura, diversidad de proyectos e inversión, el mensaje advierte que el sistema ha crecido de manera desregulada en instituciones y carreras; los estudiantes se distribuyen en ellas según capacidades de pago y mecanismos de selección, y se ha estancado la cobertura pública en la educación superior. Esto parecería conducir a una política que potencie la expansión de la matrícula de las instituciones de calidad y con orientación pública; no obstante, si estas ingresan al régimen de gratuidad verán reguladas sus vacantes.

Las prioridades de la política pública, se dice, deberían ser calidad, equidad e inclusión, y pertinencia de las instituciones de educación superior (IES). Se crea una nueva institucionalidad, con una subsecretaría, una superintendencia y un "Consejo de la Calidad" de la educación superior. Pareciera que el énfasis en calidad se traduce en fiscalización y acreditación obligatoria. Pero hoy, cerca del 90% de los estudiantes está matriculado en instituciones acreditadas. La pertinencia se aseguraría a través de un marco nacional de cualificaciones, para dar transparencia y coherencia a los perfiles de egreso de las carreras. Y la equidad se abordaría mediante un sistema único de admisión (que sustituirá a la actual PSU), y el mecanismo de gratuidad, aunque la Presidenta dijo que "llegó para quedarse", queda supeditado en su expansión a condiciones económicas inciertas. La educación es un derecho fundamental, pero -curiosamente- ya no se la define como "un derecho social".

La Presidenta invitó al Congreso a hacer el mayor esfuerzo para cerrar el "ciclo" legislativo de la "Gran Reforma Educacional" emprendida por su gobierno. El problema es que no se ven claros los frutos que tendrá ese esfuerzo.

Las IES, en general, no ven mejoras en las perspectivas de financiamiento, con miras a potenciar el desarrollo de la calidad y de la investigación, fortalecer el sector público del sistema y mejorar las oportunidades de acceso de los sectores hasta ahora postergados. Los estudiantes no ven garantías explícitas del avance de la gratuidad. El proyecto, por lo visto, no satisface las expectativas generadas por las promesas de campaña.

José Julio León
Vicepresidente de Aequalis
Académico Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales