Molestia causó en el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, una indicación que introdujo en la Cámara la diputada comunista Camila Vallejo, que obliga al Gobierno a presentar un proyecto de ley, durante el primer semestre de 2017, que reforma el mecanismo de financiamiento de la educación estatal, pese a que por tratarse de una materia que envuelve gasto público, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Los diputados oficialistas que aprobaron la propuesta argumentaron la supuesta urgencia de modificar ese sistema, al que parecen culpar de la pérdida de alumnos de la educación municipal y de los problemas financieros que esta enfrenta. Sin embargo, el problema es más complejo, pues bajo el mismo sistema de financiamiento en los años 90 aumentó su matrícula y solo en los 2000 comenzó a reducirla. Sin un buen diagnóstico de lo que sucedió, es difícil diseñar soluciones.

Así, la señal que enviaron al país esos diputados es otra. No parece existir voluntad de apoyar una conducción fiscal responsable. El martes pasado, el día previo a que la Cámara aprobara este planteamiento, el ministro de Hacienda había hecho una excelente presentación en la Comisión de Educación de esa corporación, a propósito del informe financiero que acompaña al proyecto de ley que reforma la educación superior. Quedó muy bien documentado en la exposición que los desembolsos comprometidos en educación o a punto de serlo van a superar los recursos que se espera genere la reforma tributaria. Agregar nuevas demandas por fondos públicos es, por tanto, irresponsable. Más todavía si se piensa que hay también necesidades en otras áreas que requieren atención. Esta divergencia puede ser un anticipo de una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso como consecuencia de la falta de apoyo popular a la Presidenta y la cercanía de un ciclo electoral.

Es enteramente explicable, entonces, la molestia del ministro Valdés. Actitudes como la aprobación de esta indicación, de dudosa constitucionalidad, hacen más difícil que el país recupere, al menos parcialmente, una trayectoria de mayor crecimiento. Adicionalmente, el camino que se esboza en la indicación no ayuda a los aprendizajes -al no incluir incentivos para la asistencia de los estudiantes a las escuelas- y promueve la ineficiencia, al ligarse más con el financiamiento de los costos, incluida la planilla de sueldos, sin importar mucho el número de alumnos en el plantel. Hay en esta forma de abordar el financiamiento escolar una mayor preocupación por los intereses de los trabajadores de la educación antes que por los de otros miembros de la sociedad, incluidos los alumnos y sus familias, y eso puede traducirse en importantes aumentos de gasto sin ningún impacto en la calidad de la educación.