El revuelo por las irregularidades en las pensiones de Gendarmería ha agitado el clima político, porque en el sector justicia viene a sumarse, entre otros, al trastorno no olvidado que causó el año pasado un paro ilegal de funcionarios en el Registro Civil durante 39 días; a la crisis del Sename, que incluye abusos y muerte de menores que se encontraban bajo la protección formal del Estado -un informe de las propias autoridades transparentó 185 fallecimientos entre 2005 y 2016-, y, simultáneamente, a acusaciones de anomalías financieras y en nombramientos de personal en la Corporación de Asistencia Judicial. No pocas de las más acerbas críticas provienen de los propios gremios funcionarios, y si bien ellas, como es natural, suelen priorizar los intereses gremiales, a varios respectos resultan coincidentes con las que plantean la oposición e incluso ciertos sectores de la coalición gobernante.

En este cuadro tenso, la oposición ha anunciado una interpelación a la ministra Blanco, centrada en los problemas del Sename y Gendarmería. La diputada Sabat (RN), quien hará las preguntas, declara creer "firmemente que ha habido ilegalidades y fraudes a la ley". Por su parte, el diputado radical Marcos Espinosa, vicepresidente de la Cámara, ha dicho que será "una gran oportunidad para que la ministra explique al país las debilidades que tienen el Sename y Gendarmería".

Más allá de la eficacia real del mecanismo de interpelación, convendría efectivamente al país que se pudiera explicar la situación de esos servicios. Sin embargo, parece difícil pensar que la autoridad pudiera dar cuenta de lo que social, práctica y técnicamente sería más conveniente para Chile y para los grupos humanos que deben ser atendidos por los servicios que motivan esta polémica. Por ejemplo, se demandan más recursos para el Sename, pero se ha dilatado largamente su división en servicios especializados para las dos categorías de menores que requieren atención -aquellos con falta o deficiencia de adecuada tuición familiar y aquellos que han incurrido en conductas delictivas-, fórmula que no agrada del todo a los actuales funcionarios. Tampoco se anticipa nada innovador en materia de gestión, en el sentido de reservar al Estado las funciones normadora, financiadora y fiscalizadora de administración económica y de calidad, apelando al sector privado y subvencionándolo para la entrega de prestaciones que podrían ser supervisadas con un celo que el Estado mal puede aplicarse a sí mismo.

Parecidos conceptos son aplicables a Gendarmería, cuyas deficiencias actuales no se anticipa por qué habrían de superarse mediante un eventual traslado al Ministerio del Interior, como algunos han sugerido en estos días. Sus deficiencias pueden estimarse estructurales, derivadas de una hipertrofiada concepción de las capacidades del Estado en las complejas condiciones de la sociedad moderna. Se espera nivel de excelencia en lo normativo, financiero y fiscalizador y, además, como prestador directo de servicios. Y todo ello encomendado a servicios de grandes dimensiones burocráticas, capaces de poner en jaque a sus propios superiores políticos. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría un gobierno ante un generalizado paro ilegal de Gendarmería -algo habitual en otras reparticiones estatales-, servicio legalmente autorizado para portar y emplear armas? ¿Quién y cómo ingresaría a los recintos penales para atender a los reclusos en su alimentación, salud, mantención del orden interno, evitamiento de la violencia y, obviamente, prevención de su fuga? ¿Existen previsiones gubernamentales sobre cómo actuar ante tal contingencia, no inconcebible?

Todo sugiere que cualquier secretario de esa cartera -más allá de las responsabilidades que puedan atribuirse a la gestión de la ministra Blanco-, de cualquier color político, enfrentaría tarde o temprano un estallido semejante, mientras subsistan servicios estatales que a tantos respectos están ya superados por la realidad en cuanto a organización y modalidades de operación.