El Ministerio de Educación conduce en la actualidad seis investigaciones en contra de cinco universidades, algunas de ellas iniciadas en 2014, sin que hasta el momento hayan podido concluirse. Al parecer, las investigaciones se inician por denuncias de los más variados orígenes, que incluyen a estudiantes y a parlamentarios, pero enseguida se detienen o avanzan a paso lento. Así, existen denuncias sobre irregularidades económicas de una universidad que se habrían registrado entre los años 2008 y 2012, pero la entidad en cuestión solo fue notificada seis meses después de iniciada la investigación en 2015; dos meses más tarde el ministerio pidió ciertos datos de algunas personas y desde hace cinco meses no se ha registrado ninguna otra actividad. Pese a ello, el ministerio puede decir que está investigando a ese establecimiento, con lo cual surgen dudas sobre la prolijidad con que administra sus recursos.

Los demás casos no son muy diferentes. La Federación de Estudiantes de otro plantel denunció a su universidad en octubre del año pasado, pero solo en estos días se le notificó a la institución. Asimismo, después de más de dos años se dio por concluida otra investigación sobre una acusación de lucro que tardó un año en requerir antecedentes y otro adicional, después de recibidos, para comunicar, luego de averiguaciones periodísticas, que no encontró antecedentes que justificaran los hechos imputados.

Pese a las denuncias, hasta ahora solo se ha resuelto nombrar a un administrador provisional en la Universidad Arcis, ligada al Partido Comunista. Cabe recordar que el año 2013 se presentó y aprobó una acusación constitucional en contra de un ministro de Educación por no haber hecho uso de las facultades fiscalizadoras que, según sostenían entonces los representantes de la Nueva Mayoría, podrían haber impedido el lucro. Quizá por ello las actuales autoridades son renuentes a admitir que no han encontrado indicios de irregularidades que violen la ley en las universidades, pero al eternizar las indagaciones contribuyen a generar un clima de cuestionamiento en contra de las instituciones privadas creadas luego de la ley universitaria de 1981.

El sistema universitario chileno exhibe muchos logros que harían posible que el país se sintiera orgulloso. En estos días se ha comunicado que los estudios realizados por dos instituciones británicas sitúan a las universidades chilenas entre las mejores de América Latina. Según Times Higher Education, 11 de nuestras universidades están entre las 50 mejores de la región, incluyendo a dos creadas después de 1981, la Universidad Diego Portales y la Universidad del Desarrollo. Solo Brasil, con más de 200 millones de habitantes, supera en número a Chile, que apenas alcanza el 2,7 por ciento de la población de la región. QS 2016, otro de los rankings internacionales, ubica a 30 de nuestras universidades dentro del 10 por ciento superior en la región. De estas, 13 son estatales y 17 privadas.

Sin embargo, el movimiento estudiantil del año 2011 logró imponer en la Nueva Mayoría la idea de que el sistema universitario chileno debía ser considerado un fracaso y requería de una modificación total. Para el Gobierno, que en su campaña utilizó muchas de las consignas de los jóvenes, no ha sido fácil presentar un proyecto coherente de reforma que mejore la educación superior. Hay muchos aspectos en que el sistema se podría optimizar, pero se proponen varias instituciones que solo les restarán autonomía a los planteles. La creación de una Superintendencia de Educación Superior, que podría ser una de las ideas menos controvertidas del proyecto -en la medida que se racionalicen sus atribuciones-, tendrá como objetivo velar por el buen funcionamiento del sistema y podría mejorar la celeridad y la formalidad en los plazos de las investigaciones de denuncias.