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Cartas
Jueves 14 de julio de 2016
El problema de fondo de la gratuidad
Señor Director:
En su columna relativa a la gratuidad universitaria, Arturo Fontaine y Sergio Urzúa aluden correctamente -finalmente se pone el acento sobre el tema correcto- al problema de fondo, y no al accesorio, de la gratuidad universal.
La gratuidad universitaria pensada como un derecho social conduce, casi por definición, a que todos los fondos para el funcionamiento de la educación superior sean provistos por el Estado. Eso, a su vez, se traduce en que los aranceles, cupos, cantidad y orientación de los programas de estudio, sistemas de admisión, política de investigación y extensión, entre muchas otras variables, sean controladas por el Estado, mediante, como dicen Fontaine y Urzúa, una frondosa burocracia. En consecuencia, la autonomía universitaria para modificar con flexibilidad los programas de estudio, los sistemas de investigación y contratación de académicos, y demás cuestiones que le son propias a su quehacer, y que por su naturaleza están sometidas a permanente cambio, pasa a quedar a merced y dependiente de esa burocracia.
Distinto es el caso en que la gratuidad no es una política universal, sino que se accede a ella de manera gradual -becas parciales o totales de acuerdo a mérito, créditos con tasas preferenciales y pago contingente al ingreso, de acuerdo al mérito y condición socioeconómica del estudiante-, pues en ese caso la institución preserva su capacidad para fijar aranceles, y, como resultado de ello, puede definir su sistema de admisión, el tamaño y la orientación académica de sus estudios, sus sistemas de investigación y extensión, y, con ello, el nivel de excelencia al que es capaz de acceder. Pero claro, en ese caso, ya no se trata de un "derecho social", sino tan solo de reglas, más o menos eficientes, para apoyar con recursos a los estudiantes, cuya cuantía la ciudadanía puede debatir y luego decidir a través del Parlamento, atendiendo a la riqueza que el país genere y a la recaudación impositiva que ello permita.
El problema de fondo de la gratuidad como "derecho social" universal es el ahogo de la autonomía y la consecuente presión a la baja en la calidad de las universidades. En cambio, la cantidad de recursos disponible para implementarla es tan solo el problema accesorio. Si abandonamos la idea de la gratuidad universitaria como "derecho social", podremos volver a abordar el problema correcto: cuál es el mejor uso que podemos darles a los escasos recursos del Estado para ayudar a los estudiantes universitarios, y seguramente volveremos a la sana idea de que lo mejor es premiar a los que tienen más méritos y a los que han nacido con menos fortuna.
Álvaro Fischer