Polémica ha provocado la jubilación de más de 5 millones de pesos mensuales obtenida por una funcionaria de Gendarmería, adscrita al sistema previsional antiguo, luego de 21 años de servicio en esa repartición pública. Aunque especial controversia suscitó el hecho de que la beneficiada, la periodista Myriam Olate, sea la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Osvaldo Andrade, no radica en ello el fondo del problema.

Desgraciadamente, Gendarmería -así como otros servicios dependientes del Ministerio de Justicia- carece de una administración financiera calificada y con frecuencia ha sido utilizada para pagar favores, como, por ejemplo, la contratación de estudios de dudosa utilidad a figuras políticas puntualmente sin cargos públicos. En esta ocasión, la beneficiada, luego de haber sido ascendida a subdirectora técnica bajo el actual gobierno, dos años más tarde y con solo 58 años, tramita su jubilación, habiendo previamente sido favorecida con un bono de desempeño que, al elevar su último sueldo, le permite acceder a una pensión inusitadamente alta. Bajo un régimen previsional de reparto, las pensiones, en lugar de depender de los ahorros personales, son financiadas con las contribuciones de los demás y fijadas sobre la base de los últimos ingresos, mediante fórmulas susceptibles de ser manipuladas por los interesados. El valor resultante en el caso excede con creces el tope legal aplicable para la administración pública. Coincidentemente, la Cámara de Diputados, antes de conocerse este último caso, había solicitado al Gobierno -luego de que Contraloría objetara pensiones que lo sobrepasaban- eximir a las jubilaciones de Gendarmería de tal límite.

El beneficio es otorgado por una caja que opera según el sistema previsional antiguo, llamado de reparto, muy apreciado por los sectores estatistas. La reforma que en 1980 lo reemplazó por uno de capitalización individual exceptuó a las Fuerzas Armadas y Carabineros. En 1993 ese tratamiento fue extendido a Gendarmería. La granjería denunciada fue una fuente de enormes injusticias mientras rigió a nivel nacional el sistema de reparto -con pensiones de privilegio para algunos funcionarios con poder- y justificó su reemplazo por uno de ahorro personal en las AFP.

Para el Partido Socialista el hecho no puede ser más embarazoso. Una de sus militantes aparece vinculada con lo que sería un abuso flagrante de los principios de solidaridad y justicia social en los que dice basarse ese partido, afectando de paso injustamente a uno de sus principales dirigentes y eventual nombre para suceder a Isabel Allende en la dirección de la colectividad. El Ministerio Público evalúa los antecedentes antes de decidir si inicia una investigación que podría abrir de oficio si detecta indicios de eventuales ilícitos en los actos previos al cálculo de las respectivas pensiones. Y el día viernes, el Gobierno determinó intervenir a Gendarmería y auditar su gestión, en especial los actos previos al otorgamiento de las cuestionadas jubilaciones.

Cabría esperarse que la proliferación de abusos semejantes bajo los regímenes de reparto -en beneficio de los influyentes y perjuicio de la mayoría- sea tomada en cuenta en el debate sobre eventuales reformas al sistema vigente. Impertérrito, sin embargo, el Partido Socialista, a la luz de los bochornosos hechos comentados, reacciona declarando que "no puede seguir siendo aceptable que Chile cuente con un Sistema de Pensiones basado en diferencias injustificables entre trabajadores como el que nos rige hasta el día de hoy desde su creación en la dictadura cívico-militar", aunque la propia colectividad, justo es reconocerlo, sometió el caso a su tribunal supremo.