La reforma de la educación superior ha traído consigo una nueva forma de hacer política. La ejercitó la propia Presidenta Bachelet:

"...queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás, que Chile conquistó un derecho permanente que se irá concretando gradualmente".

La Presidenta se refería a la peculiar forma en que satisfizo la demanda de gratuidad universal que ella prometió y se empeñó en estimular.

Cuando se descubrió que la gratuidad para todos no sería posible porque los recursos no alcanzaban, en vez de confesarlo, se discurrió una notable e ingeniosa fórmula que evitaría reconocer el fracaso y permitiría, en cambio, decir que la promesa se cumplió, que sí habría un derecho permanente a la gratuidad. ¿En qué consiste ese notable artilugio, ese ingenio, ese invento que, de aquí en adelante, podrá adornar la actividad política aliviando el incomprendido quehacer de quienes conducen el Estado? Es relativamente sencillo: consiste en conferir un derecho (en este caso, la gratuidad) enumerando las condiciones fácticas (el crecimiento inimaginable del PIB) que si existieran permitirían ejercerlo. Es lo que hace el proyecto de ley. Confiere el derecho permanente a la gratuidad en un Chile que no existe, pero que podría existir.

Algo así como si usted da por cumplida su promesa de pagar un millón de dólares, declarando en una escritura pública bajo qué hipotéticas condiciones habría podido pagarlo.

Ha surgido, pues, en esta época carente de utopías, un invento que las sustituye: las leyes contrafácticas.

Las leyes contrafácticas son relativamente sencillas (y sorprende, por eso, que se hayan estrenado recién). Consisten en conceder algo sin reservas, pero bajo la condición de una realidad actualmente inexistente.

Ese tipo de leyes permitirán satisfacer todos los anhelos, incluso los más improbables, casi sin esfuerzo y solo con la indomable voluntad de la imaginación. ¿Prometió usted gratuidad universal y acaba de descubrir que los recursos no alcanzan? Sencillo. Establezca en la ley el derecho universal a la educación gratuita y prevea que se ejercerá cuando el PIB sea equivalente al de Japón. ¿Quizá usted quiere que los ciudadanos tengan derecho a un transporte público instantáneo? Muy fácil. Dicte una ley cuyo artículo primero establezca que todos los ciudadanos tienen derecho a un transporte instantáneo y cuyo artículo segundo explicite que él se ejercerá cuando la ciencia invente un mecanismo que permita hacerlo.

Entre las múltiples ventajas de las leyes contrafácticas se encuentra que permiten suprimir la incómoda distancia entre un programa y su cumplimiento: el cumplimiento del programa es su simple reiteración, solo que esta vez en la ley. Así, si el programa prometía gratuidad universal, la ley lo cumple reiterando esa misma promesa.

Brillante y realizador.

Es realmente sorprendente que esta forma eficaz, rápida, apodíctica e irrefutable, de cumplir lo que se promete, no se hubiera practicado antes. En vez de someter los proyectos a los límites de la frustrante realidad, era cosa de acunarlos con las bondades de la imaginación condicional.

Y listo.

Como se comprende, con esta fórmula sencillamente genial, nunca nadie más podrá decir que un político se doblega indignamente ante lo posible: todas las promesas se podrán cumplir, puesto que bastará que el político del caso enuncie en una ley las condiciones que el incierto futuro deberá satisfacer para que los ciudadanos puedan gozar de ellas. Y así la promesa se dará por cumplida.

Habría solo que aclarar -al César lo que es del César- que quien primero imaginó este tipo de política, aunque lo hizo mediante el delirio de la poesía, fue Nicanor Parra con su Proyecto de tren instantáneo, que usted podría abordar en Santiago e inmediatamente estar en Puerto Montt. ¿Cómo sería posible ese milagro? Fácil, dijo Parra: la locomotora está en Santiago y el último carro está en Puerto Montt. Usted se sube al carro en Santiago y ya está en Puerto Montt. Solo que debe tomar sus maletas y bajarse. Es igual a la fórmula que alguien ideó para cumplir la promesa de gratuidad universal. Entre los ministros o asesores debe haber un lector fiel y acucioso de Nicanor Parra.

Con razón se reprochó una y otra vez a Patricio Aylwin hacer política en la medida de lo posible.

Y los críticos tenían toda la razón.

¡Si era tan fácil hacer política a la medida de la imaginación!