Difícil le está resultando a la Presidenta Bachelet dar cumplimiento a su promesa electoral de avanzar hacia la gratuidad total de la educación superior. A través de una "glosa" de la ley de presupuestos, ello se hizo posible este año solo para estudiantes provenientes del 50% más pobre del país -la mayoría de los cuales ya accedía a becas-, que estudian en las universidades del Estado o en las privadas que se adscribieron al sistema. El Gobierno ha anunciado que el 2017 ese beneficio será extendido, con iguales limitaciones, a los estudiantes de los institutos profesionales y centros de formación técnica con cierta cantidad de años de acreditación y que no tengan fines de lucro. El proyecto de ley enviado al Congreso -entre otros varios cambios institucionales y normativos- extiende la gratuidad a los estudiantes del 60% más pobre de la población a partir del 2018 y, luego, progresivamente, hasta el 100%, en la medida que se cumplan ciertos objetivos de política fiscal.

El destino principal de la reforma tributaria del 2014 era solventar -con "ingresos permanentes"- la reforma educacional planteada en el programa de gobierno. Pero, tal como fue anticipado por sus detractores durante su debate legislativo, es ya evidente que ello no será posible. Su negativo impacto sobre la marcha de la economía, con el agravante de una imprevista caída del cobre, está provocando un déficit fiscal de 3% del PIB, un sostenido aumento de la deuda pública y -según los expertos- exigirá desacelerar la expansión del gasto público a menos del 3% anual el año 2017 y siguientes. Un incremento tan acotado es consumido enteramente por el reajuste normal de remuneraciones de empleados públicos y otros gastos, por lo que no queda espacio alguno para hacer frente a la gratuidad prometida.

El proyecto en comento reconoce que, con los recursos disponibles, la promesa gubernamental es inviable. Específicamente, vincula la expansión de la gratuidad más allá del sexto decil de la distribución de ingresos al incremento de los llamados "ingresos estructurales" del fisco, desde el 23% del PIB previsto para el 2018 hasta el 29,5% para alcanzar gratuidad total. El concepto de ingresos estructurales se refiere a la recaudación tributaria y otras entradas obtenidas en condiciones normales en cuanto a actividad económica y precio del cobre. La concreción de la gratuidad total queda entonces sujeta a futuros incrementos no identificados en los ingresos estructurales del fisco.

La fórmula propuesta tendría la virtud de postergar, y a muy largo plazo, una promesa política cuyo costo fiscal el informe financiero del proyecto sitúa en 2,3 billones de pesos. La gratuidad para la totalidad del alumnado quedaría supeditada ya sea al aumento de los ingresos tributarios que normalmente trae consigo el desarrollo económico (lo que podría tomar 40 años) o a importantes aumentos en las tasas de impuestos.

Sin embargo, el mayor reparo que merece no es económico, sino político. No es correcto que el Congreso disponga hoy la utilización futura de los ingresos fiscales que la eventual expansión de la economía u otras fuentes pueda traer consigo más adelante. Si se tratara de la contratación de deuda de largo plazo, la Constitución exigiría un quórum especial. En el caso de un pasivo no contractual como el que nos ocupa, tal requisito no está previsto. Pero igualmente implica una suerte de hipoteca política: una vez sancionado por el Congreso el camino hacia la gratuidad universitaria plena, los gobiernos venideros se verían obligados ya sea a propiciar nuevas reformas tributarias para alcanzar rápidamente la recaudación fiscal exigida, a postergar indefinidamente otros gastos prioritarios (lo cual no resulta muy verosímil) o a encarar el costo político de, ahora sí, abandonar la gratuidad prometida. En lugar de archivar una oferta electoral inviable, el Gobierno intenta preservar la disciplina fiscal condicionándola a una fórmula contable. Mantiene vivo así el riesgo de un aumento desenfrenado del gasto fiscal y, contraproducentemente, pone de nuevo en el radar el alza de la carga tributaria.