Señor Director:

Existe consenso a nivel nacional sobre la necesidad que tiene nuestro país de avanzar hacia un sistema de educación superior que responda a los desafíos de su actual nivel de desarrollo, y que promueva la integración social en forma inclusiva de los sectores que han permanecido históricamente excluidos de los beneficios del progreso.

Asimismo, compartimos el diagnóstico a la base de la actual reforma, en cuanto a la necesidad de asegurar el acceso gratuito de los estudiantes, especialmente de los más vulnerables, garantizando una oferta educativa de calidad, libre de las distorsiones producidas por un esquema de regulación basado en el mercado.

No obstante, la actual reforma -en los términos formulados en el proyecto de ley- pone en riesgo, precisamente, aquellos aspectos que se propone superar. Algunos ejemplos de ello serían:

1. Plantea entre sus principios promover las diversas visiones de sociedad, y valora y respeta la pluralidad de misiones institucionales; no obstante, en el cuerpo de la ley se invisibiliza el aporte de las instituciones públicas no estatales del CRUCh.

2. En la definición de universidad presentada en el proyecto de ley, se plantea como un elemento central la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones; sin embargo, sitúa en forma exclusiva en las universidades del Estado la responsabilidad de velar por el bien público y el desarrollo de las regiones, desconociendo la comprobada misión en este campo de otras universidades, entre ellas las católicas.

3. El proyecto de ley se funda en la necesidad de fortalecer la educación pública; no obstante, el esquema de financiamiento planteado asegura cuantiosos recursos a un mercado privado de educación, incluso con menores restricciones en su crecimiento y aranceles respecto de las demás en gratuidad.

4. El sistema propuesto ofrece una fórmula para alcanzar la gratuidad universal en el largo plazo, según objetivos de ingresos estructurales asociados al PIB, condicionamiento que como tal, y a la luz de otras grandes urgencias sociales, no garantizaría su viabilidad.

Formulamos un llamado a los parlamentarios a que puedan propiciar una discusión en profundidad, que logre mejorar esta ley para el anhelado desarrollo de una educación superior de calidad para todos y todas. Particularmente hacemos esta invitación a representantes del mundo político, que ha estudiado y conoce la realidad de las universidades regionales tradicionales de servicio público no estatales, que hoy no estarían siendo reconocidas en todo su significado y aporte en el actual proyecto.

+Héctor Vargas Bastidas, sdb
Obispo de Temuco Presidente Área Educación Conferencia Episcopal de CECh