J. Herrera y S. Sottoff

Aunque el proyecto de ley más esperado del último año ingresó al Congreso a las 18:06 horas del lunes, recién ayer, parlamentarios, rectores y expertos tuvieron acceso a la iniciativa, que en 174 páginas, 202 artículos y 60 artículos transitorios "viene a reformar completamente el régimen jurídico" de la educación superior chilena, según el mensaje del texto legal.

Con un cambio de última hora -el texto ingresó a la Cámara de Diputados con "urgencia suma", que el Ejecutivo retiró casi de inmediato en la misma cuenta a la Sala-, la iniciativa concentró de inmediato el debate entre ministros y legisladores. Los temas más recurrentes fueron la viabilidad financiera de la gratuidad universal; el aporte fiscal que tendrán las instituciones públicas, y el trato preferente para las estatales.

Más de US$ 3.000 millones para educación superior

Luego de que se establecieran las condiciones mínimas que debe cumplir el país en materia económica para alcanzar la gratuidad universal, los economistas no tardaron en decir que esta era una meta "poco factible". "Si se compromete mucho gasto, se arriesga la estabilidad de las cuentas fiscales", advirtió el economista Igal Magendzo, de Pacífico, Macroeconomía y Finanzas.

Según el informe financiero del proyecto, la reforma tendrá un costo de US$ 3.508 millones cuando esté en régimen (con gratuidad universal). Ante cuestionamientos por el alto costo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, descartó que la actual administración impulse una nueva reforma tributaria.

Para el senador Fulvio Rossi (PS), "es imposible plantear, de la noche a la mañana, entregar gratuidad universal, porque el país no tiene los recursos, y hay que ser honestos (...) Y quizás hay que hacer el mea culpa y la autocrítica, y se generaron expectativas que no se podían cumplir".

Cómo sumarse a la gratuidad 2017

Ya que el texto tendrá una larga tramitación, la gratuidad 2017 también se hará vía Ley de Presupuestos. Y según establece la propuesta de reforma, las instituciones que deseen sumarse a la política tendrán hasta el 19 de diciembre para hacerlo. Para ello, no deberán tener lucro y su matrícula será controlada: no podrá crecer por sobre el 2,7% respecto de la de este año.

Y anticipándose a eventualidades, también se establece que los planteles que se quieran sumar a la gratuidad 2018 deberán declararlo antes del 15 de octubre de 2017.

Aranceles según el nivel de vulnerabilidad

La propuesta del Ejecutivo establece que mientras se llegue a la gratuidad universal (hoy para el 50% más vulnerable), los planteles adheridos a la política contarán con aranceles regulados, calculados por un panel de expertos. No obstante, también se plantean aranceles diferenciados, según la situación socioeconómica del alumno.

En concreto, plantea que las instituciones cobren un 20% más del arancel regulado a los alumnos que sean del 60% y 70% más vulnerable. A los que pertenezcan al octavo y noveno decil de vulnerabilidad, los planteles podrán fijarles un arancel hasta 60% por sobre el regulado. Solo habrá aranceles libres para el 10% más rico. Así, una universidad podrá tener cuatro aranceles diferentes para una misma carrera.

"Administrar eso es algo sumamente complejo", sostuvo Gonzalo Vargas, presidente de la agrupación de planteles técnicos Vertebral.

Según el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, establecer estos aranceles diferenciados "muestra las restricciones que implica la gratuidad para las instituciones", pues se les está dando un mayor margen para recibir ingresos de parte de las familias.

Si hay atrasos, estudiantes deberán pagar aranceles

El proyecto detalla que si un estudiante con gratuidad no concluye su carrera en el plazo establecido, deberá pagar parte del arancel. Si el tiempo de permanencia excede hasta en un año la duración formal de la carrera, deberá pagar hasta el 50% del arancel regulado anual. Y si es superior al año, la institución podrá cobrar al estudiante todo el arancel regulado y la matrícula. Esta idea contradice el anhelo del movimiento estudiantil, que ha sostenido que el financiamiento debe mantenerse durante todo el período de estudio, aunque existan atrasos académicos.

Acreditación obligatoria y por períodos definidos

El texto que firman la Presidenta Michelle Bachelet y los ministros Rodrigo Valdés (Hacienda) y Adriana Delpiano (Educación) detalla que la acreditación será obligatoria para todos los planteles desde el 1 de enero de 2019, y que se otorgará por un período único de ocho años.

Así, el sistema propuesto plantea clasificar a las instituciones en tres niveles: "A", para aquellos planteles que posean siete años de certificación en ese momento; "B", para las instituciones de educación superior que posean seis o cinco años, y "C", para las que cuenten con cinco o cuatro años de acreditación.

Además, las certificaciones ya no estarán a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación, sino que será el futuro Consejo para la Calidad de la Educación Superior el encargado de gestionar las acreditaciones. Este organismo estará compuesto por once miembros elegidos bajo el sistema de Alta Dirección Pública.

Nuevo sistema de admisión

De aprobarse, la reforma también contempla la implementación de un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, administrado por la futura Subsecretaría de Educación Superior. Dicho sistema -que aún no define los mecanismos de ingreso- será obligatorio para las instituciones que reciban fondos públicos, incluyendo a los técnicos. Según el proyecto, "este sistema permitirá contar con información objetiva y transparente sobre los procesos de postulación, selección y admisión de estudiantes, el que considerará la diversidad de talentos y capacidades" de los jóvenes.

Asimismo, el Consejo de Rectores (CRUCh) deberá colaborar con la subsecretaría en el desarrollo e implementación de este sistema de admisión, punto que no fue bien evaluado por los rectores. "La autonomía de las instituciones para fijar requisitos o condiciones de acceso no se puede ver disminuida por la existencia de un sistema que queda radicado en manos del Gobierno. Debiera haber una mayor articulación y debieran estudiarse modificaciones, complementando el actual sistema con uno específico para la educación técnica", sentenció el vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle.

Las estatales deberán "garantizar la libre expresión de ideas"

Las instituciones estatales "serán laicas y deberán garantizar a la comunidad académica la libre expresión de sus ideas", según la iniciativa legal. Además, se busca fijar por ley que estos planteles promuevan "el mejoramiento de la calidad y la pertinencia" en sus resultados y en los proyectos.

En los últimos días, los rectores de estas universidades cuestionaron en duros términos que el proyecto no incluya tácitamente un apoyo preferente hacia ellas. "Queremos que haya una reforma profunda, porque así como están las cosas, no da para una cosa cosmética", indicó ayer el presidente de las Ues estatales, Ennio Vivaldi, quien viajó al Congreso para plantear sus inquietudes. "Ha sido nefasta la insistencia en que aquí el problema es transferir fondos de un lado para otro, y que estamos los distintos rectores peleando cada uno el pedazo más grande de la torta. Esta torta y la forma como está pensada la educación universitaria es muy mala", agregó.

Incertidumbre en planteles técnicos

La tarde del lunes, Gonzalo Vargas, presidente de los técnicos de Vertebral, sostuvo una reunión de 4 horas con el Mineduc para abordar el proyecto. Y aunque recalca que "se releva la educación técnico-profesional", hay puntos que a su juicio plantean un escenario de incertidumbre. Esto, pues en la iniciativa se establece que el instituto debe realizar "docencia, innovación y vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia", a cambio de lo cual tendrá una mayor acreditación. Sin embargo, Vargas advierte que no están entregando recursos especiales para estas labores, sino que solo provendrán de la docencia, la cual podría ver afectada su calidad.

Multas por más de $450 millones

A la futura superintendencia se le asigna velar por el buen funcionamiento del sistema de educación superior. En caso de que se cometan infracciones gravísimas, como "destinar los recursos de la institución a fines distintos a los que le son propios", se podrán aplicar multas de hasta 10 mil UTM ($457 millones). Otras conductas que serán sancionadas, con hasta $45 millones, son la publicidad engañosa o que las instituciones entreguen falsas perspectivas de empleabilidad, de infraestructura o de docentes.

Este punto fue bien visto por el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, quien indicó que "me gusta este proyecto desde el punto de vista de la regulación y con todo lo que tiene que ver con superintendencias, subsecretarías, aseguramiento de la calidad".