Como muchos aspectos del singular proceso constituyente que impulsa el Gobierno, la evaluación de los Consejos Locales Autoconvocados, organizados en la primera etapa de la fase participativa, difiere sustancialmente según el sector político que la realice. Especial valoración le asignan quienes promueven la dictación de una nueva Constitución, al contrario de quienes desestiman esa urgencia y se inclinan por distintos perfeccionamiento del actual texto. Los primeros ven en estos encuentros un germen de la lógica de la asamblea constituyente que tanto entusiasma a algunos sectores de la coalición de gobierno. Los segundos advierten la imposibilidad de que los algo más de 8.500 encuentros celebrados, con una participación que podría bordear las 140 mil personas mayores de 14 años, tengan alguna representación de lo que piensa efectivamente la población en materia constitucional. Al respecto, basta una revisión de la distribución geográfica de los puntos de reunión, con una importante presencia en las comunas de mayores ingresos, para advertir los sesgos que podrían conllevar sus conclusiones.

Existen juicios fundados respecto del carácter insalvablemente inválido que tendría este camino como vía de reforma de la Constitución, pero es un hecho que esta instancia de diálogo suscitó interés en sectores que -aunque muy acotados- han encontrado en ella un atractivo espacio de reflexión cívica.

En efecto, ante la pobre educación cívica de los últimos años, el diálogo razonado entre integrantes de diferentes comunidades -sean laborales, vecinales, religiosas, etc.- respecto de los valores, derechos e instituciones que prioritariamente debe considerar el ordenamiento constitucional chileno es un ejercicio valioso. La metodología flexible de estos encuentros, muy dependiente de las mayores o menores habilidades de los facilitadores y organizadores de cada reunión, contribuyó a que esa deliberación fuese una experiencia cívica enriquecedora para los intervinientes. En todo aquello ha influido positivamente la confianza que transmite la labor de control y fiscalización del proceso por parte del Consejo de Observadores.

Con todo, resulta virtualmente imposible obtener conclusiones claras de las algo más de 7.500 actas de esos encuentros validadas hasta ahora. Para cualquier persona que haya participado en una de estas reuniones es claro que salvo tópicos bastante generales y gruesos, la pretendida sistematización de las actas por un conjunto de expertos para consolidar un sustrato común es un acto voluntarioso, pero no realista.

En suma, sin perjuicio de carecer de valor constituyente, el balance de este ejercicio reafirma la importancia de la reagrupación de los contenidos de la educación cívica en un ramo individual, fundamental para el fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana, gravemente erosionada por el voto voluntario y un discurso público que ha debilitado toda noción de deberes.