Alex von Baer y Javiera Herrera

"Ahora podremos discutir con el proyecto (de reforma a la educación superior) en la mano", se limitó a comentar ayer en los patios de La Moneda, a paso firme y rápido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano. Minutos antes, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, había ratificado, tras una reunión de más de tres horas entre presidentes de partido, jefes de bancada y las comisiones de Educación, que el proyecto de reforma a la educación superior será enviado hoy al Congreso.

Esto, no obstante las solicitudes de legisladores de postergar su ingreso -a pesar de que ya había sido aplazado en nueve ocasiones-, debido a la falta de acuerdo interno en la Nueva Mayoría y a las críticas del Consejo de Rectores. "Será una tramitación compleja, no lo esperábamos de otra manera; son muchos los intereses en torno al proyecto", reconoció Díaz. "Me anticipo ahora: vamos a tener algunas diferencias", aseguró el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD).

La reflexión de Díaz apuntó al conflicto que generarán en el oficialismo algunos puntos de la iniciativa. El principal nudo radica en el fortalecimiento de los planteles estatales. El jueves, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, reclamó que el mensaje no contenía el "trato preferente" que el Gobierno había comprometido hace meses.

La medida fue exigida por parlamentarios PPD y PS. "Espero que se diferencien las universidades estatales, conceptualmente hablando", dijo Lagos Weber, postura que defendió también el senador PPD, Guido Girardi. Una opinión distinta manifestó la presidenta de la DC, Carolina Goic, quien expresó que los planteamientos de la DC fueron "incorporados" y resaltó que "hay un régimen de provisión mixta que se consolida en el proyecto".

Financiamiento

En materia de financiamiento, durante la cita el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría explicado que se establecerá un fondo de aportes basales exclusivo para universidades estatales, y otro fondo basal para investigación para todos los planteles con gratuidad, incluidos los privados. Sin embargo, no se habrían entregado detalles sobre la magnitud de cada uno de ellos.

Al respecto, el senador Ignacio Walker (DC) habría defendido durante la cita la importancia de entregar de igual forma recursos a las universidades privadas, contraponiéndose a la visión de dirigentes PPD, PS y PC.

En su vocería, Díaz aseguró que el aumento progresivo de la gratuidad -que a través de la Ley de Presupuestos llegó este año a un 50% de cobertura- se realizará "atendiendo las condiciones económicas del país".

En una minuta del Gobierno, a la cual accedió "El Mercurio", se precisa que desde 2020 se podría seguir avanzando sobre el sexto decil.

Preocupa también el financiamiento para las universidades estatales. "No se pueden anteponer las dificultades económicas a los objetivos políticos de fortalecer a las universidades del Estado", señaló la diputada PC, Karol Cariola.

En la reunión además se informó que se mantendrá el Crédito con Aval del Estado "durante la transición a la gratuidad universal", decisión valorada en la DC y criticada por la diputada PC Camila Vallejo, quien señaló que "no se puede perpetuar la lógica del endeudamiento".

Anuncio presidencial

En medio de las controversias, en Palacio se optó por no organizar una ceremonia de firma del proyecto, que ingresará al Congreso sin urgencia. En cambio, la Presidenta Michelle Bachelet defendió la iniciativa anoche, en cadena nacional. "Con él (proyecto) cerramos el ciclo de leyes de la gran reforma educacional. No se trata de hacerlo todo de nuevo, hay cosas buenas que cuidar", dijo, afirmando que la iniciativa refuerza el carácter mixto de la educación superior, aunque también contempla que "las universidades del Estado tienen un rol especial: la ley les da un apoyo preferente".

Seguido a ello, apuntó a que "hemos escuchado con atención a todos los involucrados" y que "sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento, porque hay muchas miradas en juego, pero la propuesta es resultado de ese amplio debate y de las opciones que guían mi gobierno. Pido a nuestros legisladores tramitar este proyecto con la mente y el corazón en el bien de nuestro país". También pidió a los actores "dejar en segundo plano los legítimos intereses".

Respecto a los posibles "intereses" en juego, algunos parlamentarios, como el senador Walker, apuntaron a los rectores. No obstante, en la cita otros dirigentes oficialistas aludieron a la necesidad de contar con el apoyo de estos. Incluso, el senador Girardi habría apuntado a una "mala estrategia política" de La Moneda, solicitando no repetir con los rectores el "error" de haber tenido a los apoderados como "adversarios" en el proyecto de inclusión.

Según comentaron en La Moneda, no habrá apuro en el trámite de la iniciativa. La comisión de Educación, de hecho, tendrá como prioridad el proyecto de desmunicipalización. En la reunión en Palacio, los ministros afirmaron que el plazo definido para aprobar el proyecto es al término del período de gobierno. Incluso, el ministro del Interior, Mario Fernández, apuntó a que la discusión no alcance un punto álgido hasta después de las elecciones municipales.