Los estudiantes secundarios se movilizaron el 2006. Demandaron medidas muy concretas, desde la derogación de la ley educacional existente hasta gratuidad en el pase escolar y la PSU. Hubo paros, tomas, encapuchados, hasta formularon un ultimátum, al cual la Presidenta Bachelet respondió con la ejecución de una "agenda corta" y otras medidas. Fue la "revolución pingüina", sobre la cual se hace apología hasta hoy, como acto de masas que doblegó a la autoridad. La calle ganó. Esa fue la doctrina que sacaron los estudiantes. Pero las nuevas movilizaciones han sido más violentas y teóricas, exigiendo cambios de tipo ideológico mediante un discurso de dudosa elaboración estudiantil (2011).

Esta vez el ataque fue universitario y apuntó a los fundamentos del modelo económico implementado por Pinochet. No solo contra el sector gubernamental del momento, Piñera y Alianza, sino contra la Concertación por haberlo administrado por 20 años, incluso profundizándolo. Fue una embestida antineoliberal, focalizada en la llamada mercantilización de los derechos sociales y en el lucro, identificándolo en la educación. De ese modo surgió la demanda por gratuidad universal. Las iniciativas del momento fueron rechazadas por la Confech, pidiendo en su reemplazo "cambios estructurales". Mismo expediente utilizaron otros sectores sociales.

¿El epítome? El programa de la Nueva Mayoría recogió prácticamente completo el diagnóstico, haciendo propios los requerimientos y generando expectativas que hoy están sufriendo.

Y la calle ahora los provoca: "El enemigo es el Gobierno, que no quiere hacer los cambios... nos tiene miedo". Con el agravante de que la espiral ideológica del movimiento viene en ascenso y aspiran -recordando la lección 2006- a imponerse mediante otra "ofensiva". Basta leer el petitorio vigente de la Confech, redactado quizás dónde, para darse cuenta de que es un emplazamiento para materializar una reforma extrema, con Estado omnipotente, que necesita de un financiamiento cuya magnitud solo puede lograrse, quizás, en décadas. Es una "arremetida" para sacar el mayor provecho para una causa más política que educacional. De allanarse la Nueva Mayoría al petitorio, representará una involución de medio siglo para las universidades, siendo parte de una antigua reforma estructural fracasada. Fórmula que sabemos se tradujo en politización de los planteles: reclaman democratización total, gobierno triestamental, elecciones de autoridades unipersonales y organismos colegiados. Más aún, que los modelos académicos o formativos de cada entidad sean aprobados y monitoreados por las comunidades universitarias. Tal como lo lee.

Un despropósito perfecto, que una muchedumbre de jóvenes vocifera sin saber qué significa, masa conducida por dirigentes pertenecientes a partidos y agrupaciones anarquistas. Cabecillas que no reconocen corresponsabilidad en los desmanes cometidos por actores de las movilizaciones que convocan. Para más desgracia, nuestra juventud mayoritariamente carece de auténtica cultura democrática. Cultura que exige saber usar la libertad, ser responsable y respetuoso de instituciones, formas religiosas y republicanas, cultura que ante todo obliga a cumplir deberes sociales. Una educación de calidad contribuiría a cambiar este escenario, pero el Gobierno prefirió una consigna populista y aquel objetivo programático quedó en eslogan.

Es mejor decir la verdad, de una. Que no existen ni existirán los recursos que se requieren para la gratuidad universal, que el cogobierno universitario es impracticable e impropio, que las universidades por esencia no son democráticas y que las comunidades universitarias -asambleas- no son idóneas para elaborar ni monitorear modelos académicos. No les corresponde.

Sin ambigüedades hay que rechazar tamaña insensatez. ¿En qué parte del mundo funcionó en el siglo XX, razonablemente, la democratización total de la universidad?