Oportuna y necesaria es la demanda de Chile en defensa de sus derechos soberanos sobre el uso de las aguas del río Silala en nuestro territorio. No correspondía mantener el inmovilismo mientras el Presidente Morales se organizaba para recurrir a La Haya y amenazaba con privarnos de la utilización legítima de esos recursos.

En tanto no se resuelva la controversia sobre mantenernos o abandonar el Pacto de Bogotá, que establece la jurisdicción de la Corte de la Haya, Chile no puede renunciar a defender sus derechos soberanos ante ese tribunal.

Contraproducentes para Bolivia resultaron sus repetidas provocaciones y sus negativas reiteradas a cumplir con los acuerdos alcanzados sobre esas aguas para compartirlas equitativamente.

Favorecen a Chile los claros términos de la ley aplicable a estos recursos y la evidencia de tratarse de un río internacional. Todo ello no permite otra opción que anticiparse y demandar, en vez de adoptar la actitud reactiva de esperar la anunciada iniciativa boliviana de recurrir a esa Corte. Por vez primera Chile toma la iniciativa de demandar ante ese tribunal.

La Corte tendrá, así, otra evidencia de que Bolivia siempre prefiere amedrentar victimizándose y recurrir a falsedades, antes que cumplir con lo convenido y con el derecho internacional. Aunque el Presidente Morales insista en desconocer la realidad, el Silala es un río que escurre por gravedad y naturalmente hacia Chile, con los consiguientes derechos nacionales.

No obstante lo niegue, Morales ha desencadenado este desencuentro para utilizarlo políticamente, por razones electorales, a fin de recuperar el electorado perdido en el Departamento de Potosí, donde se encuentra el río. Su decisión se inscribe dentro de un segundo intento, luego del fallido anterior, de un nuevo referendo que le permita reelegirse indefinidamente.

Este litigio y la demanda sobre salida soberana al Pacífico son causas distintas en el fondo, forma, en los hechos, en el derecho y en el tiempo. Con dos o más años de diferencia en su tramitación y sentencia y cada una con normativas propias y disímiles peticiones y fundamentos, no son posibles de acumular y tampoco de equilibrar.

El amplio apoyo nacional que ha suscitado la demanda no elude la polémica discusión sobre la vigencia del Pacto de Bogotá y la conveniencia de contar con una Agencia Permanente para Defensa de los Derechos de Chile ante tribunales extranjeros, como se ha planteado reiteradamente por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Carecemos de algo parecido y frente a cada demanda se procura una organización ad hoc , a falta de una institucionalidad coordinadora y que capitalice la experiencia de litigios anteriores.