Señor Director:

Por primera vez en la historia, Chile ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Antes, nuestro país había sido demandado tres veces: Reino Unido (1956, por las posesiones antárticas); Perú (2008, diferendo por la delimitación marítima), y Bolivia (2013, por el diferendo marítimo), y ahora se añade una cuarta oportunidad. Pocas veces antes un país miembro de las Naciones Unidas había sido demandado tantas veces ante dicho tribunal debiendo confrontar dos de esos juicios simultáneamente. Una verdadera proeza para nuestra diplomacia.

Este esfuerzo está ampliamente justificado. Nuestro país no podía seguir esperando más tiempo ante las amenazas de Bolivia de llevar este asunto a dicha Corte y se le ha anticipado. Ello responde a un clamor casi unánime que reclamaba que nuestro país debía adoptar una política proactiva y no limitarse solamente a rechazar verbalmente los indebidos cargos y gestos provocativos que en torno al asunto del Silala esgrimía contra Chile, en particular Evo Morales.

Afortunadamente, a tal efecto, disponíamos del Pacto de Bogotá de 1948 que otorga jurisdicción a la Corte cuando no hay acuerdo entre las partes. De modo que este instrumento tan vilipendiado, a la postre, nos será de gran utilidad. Y debemos estar preparados para que pueda nuevamente aplicarse al caso del Lauca, en el evento de que Morales decida asimismo cumplir también con esta amenaza.

El juicio por el caso del Silala seguramente será de larga duración, toda vez que atañe a un tema que abordará no solo aspectos jurídicos, sino que otros de carácter técnico, geomorfológicos, hidrológicos, físicos y ambientales, para lo cual no sería de extrañar que se recurra al testimonio de expertos, etapa que no hubo en los otros casos en que estuvo recientemente envuelto Chile.

Por lo demás, las cuestiones relativas al uso de los cursos de aguas internacionales no navegables son de una gran complejidad. Ello explica que las Naciones Unidas demoraran 27 años para concordar en el texto de la Convención respectiva de 1997, la que codifica todas las normas que regulan este uso. A su vez, la Corte Internacional de Justicia ha conocido de un solo caso relativo a esta cuestión, que lleva varios años sin resolverse (caso relativo a la represa Gabcikovo-Nagymaros entre Hungría y Eslovaquia). Ello se debe fundamentalmente al hecho de que en la gran mayoría de todas estas disputas las partes han preferido resolverlas por medio de la cooperación, camino rechazado por Bolivia.

Jaime Lagos Erazo