M. J. Ahumada y C. Carvajal

Pasadas las 15:00 horas de ayer, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció que "la Presidenta de la República, luego de consultar con sus abogados, ha interpuesto esta mañana una querella criminal por los delitos de injurias en contra de revista Qué Pasa".

El jueves pasado, la Mandataria dijo que iba a estudiar acciones legales. Ese día, el sitio web del semanario publicó una escucha telefónica -grabada por el OS-9 de Carabineros entre mayo y junio de 2015- en la que el gestor inmobiliario e imputado por el caso Caval, Juan Díaz, señala que supuestamente la Jefa de Estado recibió beneficios económicos por la venta de los terrenos en Machalí.

La querella, explicó el ministro Díaz, "fue interpuesta en su condición de ciudadana, de persona natural, a través de su abogado personal, que es Juan Pablo Hermosilla".

El profesional -que según explicaron desde la Presidencia trabajará ad honorem - había llegado a las 13:00 horas de ayer hasta el 2° Juzgado de Garantía de Santiago con el fin de presentar la acción judicial en contra del director, editor y dos periodistas de revista Qué Pasa.

Consultado al respecto, Hermosilla explicó que la querella es contra la publicación impresa del semanario y no su versión online (ver recuadro). Agregó que en este caso existen "un montaje" y "una operación política de una persona que se lo entregó (el informe policial) a varios medios". Por su parte, Qué Pasa emitió una declaración pública en la que calificó la decisión de la Presidenta como un intento de "coartar la libertad de expresión".

Debate político

La decisión de la Mandataria -que se encuentra en París participando de la reunión ministerial de la OCDE en Francia- generó debate en el Congreso.

Desde la Nueva Mayoría apoyaron la determinación. La presidenta del PS, Isabel Allende, indicó que le parece "legítima" la acción legal y respaldó que haya sido en contra del medio de comunicación. "Un medio debe ser un poquito más prudente. Nos haría muy bien tener más respeto republicano. No estamos hablando de Juanita Pérez", indicó. De la misma forma, la líder de la DC, Carolina Goic, expresó que la Jefa de Estado está "haciendo el uso legítimo de su defensa".

Una opinión contraria manifestó el senador del MAS, Alejandro Navarro, quien aseguró que la acción emprendida por la Presidenta es una "pésima señal, porque desde el Gobierno y el Congreso se acordó no generar acciones en contra de los periodistas, y a pocos días eso es lo que se genera. Con esto tenemos ley mordaza sin ley".

En la oposición también criticaron la acción, indicando que el Gobierno reacciona solo cuando las filtraciones afectan a la Presidenta. "Se sienta un precedente muy grave, de que los medios tienen que aplicar como que existiera libertad absoluta de prensa, pero con mucho cuidado, porque puede venir una tremenda querella del Gobierno. Me parece grave y poco justo en el sentido de que llevamos más de dos años con todo tipo de filtraciones, y la que toca a la Presidenta es la que se transforma en esto", afirmó el senador Manuel José Ossandón (RN).

El presidente de RN, Cristián Monckeberg, comentó que "al atacar la libertad de prensa, la Presidenta solo consigue echarle más pelos a la sopa. Por más que tratan, Caval está enquistado en La Moneda". En tanto, el senador Víctor Pérez (UDI) indicó que "llama profundamente la atención que llevamos más de un año de filtraciones e imputaciones no probadas a miles de personas de distintas partes del espectro político y todos aceptan, menos ella".

Desde el Colegio de Periodistas, su presidenta, Javiera Olivares (PC), señaló que "una filtración puede tener un interés detrás. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las filtraciones y son necesarias de contrastar. Esta publicación de revista Qué Pasa no tuvo el contraste suficiente, no tuvo la reflexión o búsqueda de otras fuentes periodísticas, tanto así que el propio medio bajó la información (...). La Presidenta presenta esta acción en tanto ciudadana, no en tanto Presidenta".

La visión del relator especial de CIDH

En tanto, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó ayer que la acción tiene un "efecto inhibitorio". "Esto tiene un efecto inhibitorio, no solo el problema que hoy enfrenta el medio y el periodista, sino que para el resto de los medios", dijo a CNN.