El sostenido aumento de los permisos de residencias definitivas extendidos a extranjeros ha provocado inquietud por su eventual incidencia en el empleo de los trabajadores chilenos. Probablemente la inquietud es una repercusión de lo acontecido en Europa, donde la explosión migratoria ha forzado a poner restricciones, incluso a los refugiados que experimentan dramáticos riesgos de sobrevivencia.

En nuestro caso la preocupación parece infundada por ahora y en el mediano plazo: queda un amplio espacio para acoger la radicación de extranjeros y es conveniente hacerlo por su positiva contribución al desarrollo nacional.

Chile sigue teniendo un moderado, y tal vez reducido, porcentaje de migrantes, del orden del 3% de la población si sumamos aquellos con permisos temporales y los con residencia definitiva. El porcentaje es casi cuatro veces inferior al promedio de los países industrializados, sustancialmente por debajo de Argentina y Venezuela y muy parecido al que prevalece en Latinoamérica.

Los inconvenientes no provienen de la cantidad de migrantes y de las supuestas y muy discutibles amenazas para las oportunidades de empleo de los trabajadores chilenos. Más que del estatuto legal vigente, los problemas surgen de la carencia de un Servicio Nacional con capacidades y medios suficientes para planificar, hacer seguimiento y asesorar la formulación de una política que aproveche el potencial de las migraciones con una visión de futuro, más allá del asistencialismo prevaleciente. Se insiste en victimizar a los inmigrantes desconociendo que tienen niveles de pobreza y desempleo inferiores a la media nacional y superiores condiciones salud y de educación.

Los sucesivos gobiernos han suscrito y puesto en vigor prácticamente todos los tratados internacionales que reconocen los derechos de los migrantes. Asimismo, la actual repartición del Ministerio del Interior, con escasos medios, ha procurado notables flexibilizaciones para el otorgamiento de los permisos de residencia. Sin embargo, se desconocen los programas de integración y de facilitación y estímulo para atraer extranjeros conforme a las falencias de capital humano y en sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Tampoco se dispone de recursos y programas para acoger asilados por razones humanitarias. Hace ya un año se anunció la disposición para acoger a un grupo de sirios y, seguramente, por falta de capacidades para evitar la frustración de anteriores iniciativas, ello no ha sido posible.

A la vez se omite el riesgo para la seguridad ciudadana de las migraciones irregulares, por el descontrol fronterizo a través de los numerosos pasos no habilitados que sirven para concretar la trata de personas, el contrabando y el ingreso de narcotraficantes y delincuentes, cuya expulsión se ve dificultada por la legislación vigente.