Una coyuntura crucial para su desarrollo enfrenta la educación técnico-profesional. Por una parte, el país advierte la creciente importancia que ella tiene como factor impulsor de la productividad de las empresas, al incorporar trabajo especializado y tecnificado; por otra, el sesgo del debate sobre educación superior que ha propuesto el Gobierno ha llevado la discusión hacia un carril dominado por el ámbito universitario, dejando a la educación técnico-profesional como un actor secundario.

El desarrollo de la educación superior ha tenido un fuerte dinamismo desde que el sector privado se incorporara a participar en ella de manera activa a comienzos de la década de 1980, en los tres segmentos en los que se desplegó: los centros de formación técnica (CFT), los institutos profesionales (IP) y las universidades. La importancia que las familias y los estudiantes le asignaban al "título universitario" alimentó el interés de estas y aquellos por las universidades, relegando a los CFT e IP a ser percibidos como de inferior jerarquía y, por lo tanto, como una opción de segundo nivel frente a las primeras. Recogiendo esa distinción, las universidades diversificaron sus carreras y títulos, ampliando la oferta para atraer más estudiantes, procurando interpretar esa preferencia de los futuros alumnos, lo que llevó a algunas de ellas a descuidar la calidad y la pertinencia de algunos de sus programas académicos. Eso hizo que, a medida que transcurrían los años, los estudiantes se dieran cuenta de que no siempre ese "título universitario" conducía a mejores trabajos o remuneraciones, lo que, adicionalmente, fue influenciado por el debate nacional que sobre esa materia se estaba dando de manera crítica. El resultado de ese proceso es que la educación técnico-profesional ha recuperado prestigio y apreciación ciudadana. En la actualidad, el sistema técnico-profesional está recibiendo una leve mayor matrícula anual que el universitario y, por lo tanto, la forma como esta se desarrolle hacia el futuro cobra particular relevancia tanto para los estudiantes que a ella acudan como para el país, que requiere de técnicos bien formados que le den un impulso a la productividad de la economía y, por esa vía, a los salarios que estos reciban.

En esta materia, como en otras relativas a la educación superior, la política del Gobierno no logra transmitir claridad ni estabilidad, y el designio por la gratuidad en la forma de un "derecho social" contribuye en gran medida a ello. En efecto, como el monto de los aranceles es fijado por el Estado para cada institución, estas no podrán modificar su matrícula libremente -el Estado querrá controlar el monto del arancel y la cantidad de alumnos que lo reciban, de acuerdo con los recursos disponibles en el presupuesto nacional-, y tanto las adaptaciones a las cambiantes circunstancias de la economía como los nuevos proyectos que esas instituciones quieran realizar para servir de mejor manera a sus alumnos estarán sujetas a una cierta aprobación o control estatal. Así, la autonomía que dichas instituciones requieren para su buen desarrollo estará en alguna medida coartada. La promesa del Gobierno de instalar un CFT y un IP estatal en cada región del país, de cuya calidad resulta natural dudar, dada la dificultad con que el Estado realiza la mayoría de sus labores educativas, solo contribuye a aumentar la confusión en el sector. Tampoco queda claro el papel que cumpla el Consejo Técnico-Profesional anunciado por la Presidenta en el discurso del 21 de mayo.

Es de la esencia de la educación técnico-profesional su capacidad de adaptarse con gran agilidad a los cambios tecnológicos y productivos que de manera normal producen el desarrollo económico del país. El panorama descrito no ayuda a que esta pueda lograrlo.