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Editorial
Sábado 07 de mayo de 2016
Proceso constituyente indígena
Iniciar un proceso constituyente exclusivo para representantes de los pueblos originarios crea una serie de expectativas de complejo cumplimiento...
En el proceso constitucional que impulsa el Gobierno se ha iniciado un proceso paralelo de participación de los pueblos originarios, con el objetivo de crear instancias de debate en torno "al reconocimiento constitucional de sus derechos, individuales y colectivos". Bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social se ha formado el Comité Interministerial para el Proceso Constituyente Participativo Indígena, organismo encargado de definir los lineamientos generales para la realización de 200 encuentros locales con la participación de representantes de cada uno de los nueve pueblos indígenas. El Ejecutivo formará también un Consejo Consultivo y de Seguimiento, de labor similar al consejo de observadores, al que han sido invitados a participar funcionarios de las Naciones Unidas, de la OIT y la Conadi.
De acuerdo con la minuta conocida, el Gobierno convocará a estos encuentros a miembros de comunidades, asociaciones y organizaciones que sean representativas. Como resultado de este proceso, que concluiría en noviembre, se elaborará un documento informativo. Estas reuniones tendrán un carácter regional y serán dirigidas por un comité coordinador integrado por el Seremi de Desarrollo Social y funcionarios de la Conadi y Fosis.
Cuando se ha llamado a participar a la ciudadanía en cabildos a lo largo de todo el país, de manera de recabar opiniones acerca de contenidos constituyentes, no se explica que se inicie un proceso paralelo entre quienes se identifican con una etnia determinada y, más aún, que la convocatoria ponga el énfasis en propiciar la participación principalmente de quienes representan a algún tipo de organización, dificultando el aporte de aquellos que no pertenecen a una entidad organizada, como muchos habitantes de las grandes ciudades y de sectores rurales apartados. Tampoco parece prudente que sean funcionarios públicos quienes lideren los encuentros, pues puede restarle independencia al desarrollo de la instancia.
El amplio respeto que la ciudadanía expresa por la diversidad cultural y la manifestación étnica de los pueblos originarios no se traduce necesariamente en el favorecimiento de políticas públicas diferenciadas por parte del Estado, ya sea a través de la asignación de subsidios, becas, cuotas o incluso mediante un especial reconocimiento constitucional. Propender a procesos integradores con resguardo de las expresiones culturales podría evitar posibles tensiones derivadas de una aproximación diferenciadora y ayudar a una mejor convivencia.
Iniciar un proceso constituyente exclusivo para representantes de los pueblos originarios crea una serie de expectativas de complejo cumplimiento, resta representatividad al proceso general, puede contribuir a tensionar las relaciones que ya son complejas en diversas localidades donde conviven ciudadanos de diferente origen étnico y debilitar la visión integradora que debiera primar a nivel nacional.