No es buena la argumentación dada para justificar la no divulgación de los resultados de los distintos colegios en las Pruebas de Selección Universitaria (PSU). Es ampliamente conocido que ese examen no pretende más que apoyar la selección de los jóvenes a las casas de estudios superiores. No corresponde entonces citar un informe internacional, encargado para evaluar la calidad de la prueba y cuyas recomendaciones están lejos de haberse aplicado en plenitud, para apoyar la controvertida decisión del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (Demre) de restringir el acceso a los resultados por colegios, buscando impedir las comparaciones entre establecimientos.

La prueba está construida siempre con una media de 500 puntos y una desviación estándar en torno a los 110 puntos, independientemente de cómo sea la distribución de respuestas correctas. Su función principal es discriminar en la parte superior de la distribución, por lo que los puntajes son más precisos en ese rango. Por tanto, nunca ha sido concebida como un instrumento para medir la calidad de la educación escolar y no es necesario citar dicho informe para recordarlo.

Pero de ello no se desprende que sea inadecuado divulgar los resultados que obtienen los liceos y colegios en este instrumento. Por el contrario, es útil que las familias, las distintas comunidades educativas y la población conozcan estos resultados con el fin de que puedan ponderarlos adecuadamente. Parece un contrasentido invitar a las familias y vecinos a deliberar sobre los valores e instituciones que debe tener la Constitución Política, pero negarles el acceso a los resultados de la PSU del colegio de sus hijos o de otro que puede eventualmente interesarles.

No está claro quién toma estas decisiones y sobre la base de qué argumentos, lo que contribuye a restarle legitimidad a la institución a cargo. Menos hay documentos públicos que permitan dilucidar todos los antecedentes que se tuvieron en cuenta para tomar esta resolución. Se pierde de vista que el financiamiento de esta prueba proviene de las propias familias, en el caso de tener a sus hijos en colegios particulares, y del Estado o de un pago financiado por Junaeb, en el caso de los estudiantes de planteles subvencionados.

Este episodio confirma que el sistema de admisión requiere de una nueva institucionalidad que permita una deliberación transparente en torno a decisiones de tanta trascendencia, con una gobernanza superior y distinta a la actual. Por ejemplo, que posea un consejo directivo amplio que discuta sobre la base de antecedentes serios y objetivos las decisiones que dicen relación con el sistema de admisión a la educación superior del país. Es preocupante la tendencia general que se ha ido instalando en el país respecto del "ocultamiento" de información sobre los logros educacionales de los distintos establecimientos escolares por un temor infundado y sin demasiado sustento a los rankings y la competencia que ello acarrearía. Detrás de esto hay una especie de despotismo ilustrado respecto de lo que les conviene saber o no a las familias y a la población en general, que no parece propio de una sociedad democrática moderna.