Señor Director:

Con atención hemos leído el editorial del 2 de mayo titulado "La indignación por el puente Cau Cau". Es un hecho claro que este Gobierno heredó un problema de alta complejidad en un proyecto que fue licitado en 2011 y que fue motivo de primeras piedras e hitos constructivos en el gobierno anterior.

Hemos trabajado por resolver los múltiples problemas que presentaba un proyecto que, a pocos meses antes de asumir, evidenciaba como un mal chiste la instalación errónea de los tableros del puente y otras fallas detectadas posteriormente, como la rotura de uno de los cilindros del sistema de levante, ocurrida el 24 de febrero de 2015 y que determinó la paralización de sus obras.

No hemos desligado ni esquivado ninguna responsabilidad. Es de público conocimiento que hemos tenido una acción institucional proactiva: terminando con cargo el contrato con Azvi; entregando los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado; suspendiendo del Registro de Contratistas a la empresa de Asesoría de Inspección Fiscal, y separando de sus cargos a los principales responsables al interior del ministerio. Todos estos son actos de autoridad que han sido ejercidos en esta administración. La responsabilidad es de una "empresa constructora" que, debemos recordar, ganó una licitación que fue adjudicada en 2011 y que, como se mostró en la falla de febrero 2015, adoleció de severas fallas en su proceso constructivo y en el tipo de materiales que utilizó (informe de Sergio Contreras).

Nuestra principal motivación ha sido terminar la ejecución del puente, para lo que se hizo indispensable saber su condición estructural y determinar fehacientemente las causas de las fallas, contratando a los "más expertos" para esta tarea. Recientemente, un estudio totalmente independiente con la Empresa VMB, que incluyó la participación de profesionales de la empresa Hardesty & Hanover (H&H), empresa norteamericana de demostrado prestigio en la construcción de puentes basculantes, determinó con mayor precisión las fallas constructivas, y propone alternativas de solución con sustento técnico.

No resulta adecuado politizar una discusión que debe ser seria y rigurosa. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas ejecuta más de mil contratos de obras que se desarrollan con normalidad y excelencia, y nuestros profesionales desarrollan una gran labor por el desarrollo de Chile que prestigian a la ingeniería chilena, por lo que reducir el problema a esquivar la responsabilidad entre las distintas administraciones de gobierno parece a todas luces fruto de la rencilla política, que en nada ayuda a la solución de un problema que, con seriedad y valentía, hemos enfrentado para garantizar una obra al nivel de seguridad y confianza que los ciudadanos de Valdivia merecen.

Sergio Galilea Ocón
Subsecretario de Obras Públicas