Señor Director:

La izquierda y el Tribunal Constitucional nunca se han llevado bien en nuestro país; de hecho, es una institución que surgió como garantía exigida por la Democracia Cristiana para dar su apoyo en el Congreso Pleno a don Salvador Allende. Vale decir, nació para ejercer como guardián del proyecto político y el programa presidencial de la Unidad Popular, que amenazaba derechos fundamentales establecidos en la Carta de 1925.

Desde entonces muchos de sus dirigentes ven a los jueces constitucionales como un poder fáctico contramayoritario, que les impide avanzar hacia lo que entienden como una sociedad más justa. La razón de esto es que la izquierda tampoco se lleva bien con los derechos individuales, a los que pretende subordinar a los derechos colectivos, puesto que identifica a los primeros con el egoísmo, y a los segundos, con la solidaridad. Por ello cree que a más derechos individuales, más injusticia, y que a más derechos colectivos, habría más justicia.

¿Quién es el titular de derechos fundamentales en materia de negociación colectiva? La reforma laboral disponía que es el sindicato, la Constitución establece que es el trabajador. La naturaleza de este conflicto atraviesa todo el proyecto político de la Nueva Mayoría: derecho de los padres a educar a sus hijos versus educación pública; derecho de propiedad versus función social de la propiedad; pluralidad de prestadores versus exclusividad estatal en la provisión de los bienes públicos.

La izquierda latinoamericana encarna un proyecto anacrónico precisamente por estas dos razones: su oposición atávica a los derechos individuales y su relación instrumental con las instituciones. El Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral -por citar los dos ejemplos de estos días- valen si sus decisiones les favorecen, pero son ilegítimos cuando les son adversos. Las sociedades civilizadas y exitosas superaron hace mucho estas lógicas y sus opciones políticas se enfrentan en otros ejes.

Criticamos a los políticos por sus carencias; sin embargo, los partidarios de la centroderecha debiéramos reconocer y valorar el esfuerzo de los senadores Allamand y Larraín, que han dado esta batalla de fondo e impopular con tenacidad y talento. Ojalá en otros ámbitos también se asumiera la confrontación política con la misma seriedad y convicción.

Gonzalo Cordero M.