Chile tiene un importante déficit en el gasto por escolar, particularmente de enseñanza media, comparado con países más desarrollados. Lo anterior se advierte no solo en términos absolutos, lo que podría reflejar los diferentes niveles de riqueza de los países, sino que también respecto de nuestro ingreso per cápita. Ese fue el punto de partida de la posibilidad dada a los padres a partir de 1993 para aportar a la educación de sus hijos.

Actualmente, la posibilidad de cerrar esta brecha en plazos breves se ve muy difícil ya que la educación superior va a capturar una parte relevante de los recursos que está generando la reforma tributaria. El aporte por gratuidad escolar y la subvención para alumnos de grupos medios que se aprobó en la ley que terminó con el lucro, la selección y el copago son insuficientes para cerrar la brecha existente. Tampoco bastan los recursos que se destinarán a financiar la nueva carrera docente y estos, además, están vinculados a aumentos salariales que quedan sujetos a evaluaciones muy imprecisas y en que no inciden mayormente los sostenedores y directores.

El financiamiento compartido se autorizó en la práctica en 1993 para ayudar a cerrar esta brecha en momentos en que los recursos eran aún más insuficientes que ahora (en rigor el financiamiento compartido se había legislado a fines del régimen militar, pero de un modo tal que no era operativo). Admitiendo esta intencionalidad, Jorge Arrate, bajo cuya gestión como ministro de Educación se aprobó esta iniciativa, afirmó hace pocos días que fue un error aprobar ese copago y que nunca se anticipó que iba a crecer de la forma en que lo hizo. Manifestó, por tanto, su acuerdo con la ley que pone término a los aportes de los padres.

Una crítica central a estos mecanismos de copago es que pueden conducir a una segregación escolar: los padres se autoseleccionan en los colegios de acuerdo a su capacidad de pago. Pero ese riesgo se puede acotar con un buen diseño del financiamiento estatal y su coordinación con el financiamiento privado. En cambio, su término, aunque se haga de manera gradual, presenta dos problemas fundamentales. Por un lado, demora el cierre de la brecha de gasto respecto de otros países, reduciendo las posibilidades efectivas de brindarles una educación de más calidad al promedio de nuestros estudiantes. Por otro, impide a los grupos medios, que no pueden solventar una educación particular pagada, apoyar a sus hijos a lograr una educación que se acerque a la que reciben los grupos de más altos ingresos. De hecho, que el financiamiento compartido haya crecido de manera tan inesperada responde precisamente a la motivación de muchas familias de grupos medios para conseguir este objetivo. La gratuidad en educación superior no la valorizarán demasiado si no satisfacen el objetivo de que sus hijos ingresen a las universidades y carreras más selectivas. Por eso que no es extraño que sean los sectores medios los que aparecen en diversas encuestas como particularmente críticos de las reformas educacionales.