Desde el momento de su creación era esperable que la relación entre el Consejo Ciudadano de Observadores y el Gobierno no fuera fácil y tuviera episodios de tensión, como ha sucedido. Esa figura en sí resultaba un tanto extraña: el Gobierno designando a un conjunto variopinto de ciudadanos para garantizar que el proceso constituyente fuese transparente, participativo, inclusivo y con ausencia de sesgo político. Y dar esa garantía pasaba principalmente, desde luego, por fiscalizar el actuar del propio mandante, es decir, del Gobierno, que, como era de suponer, no pretendía ceder en sus propias atribuciones y potestades para conducir el proceso.

Pese a la renuncia de un par de sus miembros y a las diferencias políticas en su seno, el Consejo dirigido por Patricio Zapata se ha ido fortaleciendo, y lo ha hecho porque ha sentido que el Gobierno no ha validado suficientemente su rol, tomando decisiones inconsultas que ponen en riesgo los valores que el Consejo está llamado a garantizar.

Esto ha provocado desencuentros, el último con la vocería gubernativa en relación con la campaña comunicacional del proceso constituyente, cuyas piezas no fueron visadas por el Consejo, pese al acuerdo que ya existía en tal sentido. La incomodidad del vocero con el rol que el Consejo ha ido perfilando para sí mismo lo llevó incluso a declarar que este "ha ido más allá" de las atribuciones que "formalmente" tiene, dichos que fueron expresados pocos días después que el Consejo se reuniera por largas tres horas con la Presidenta para alinear expectativas.

Estas tensiones reflejan la improvisación con que se ha pensado y planificado todo el proceso constituyente por parte del Gobierno, pero también un encomiable desempeño del Consejo de Observadores, que se ha ido ganando un espacio estimable, dando muestras de aplicación y cohesión interna.

Esto último es importante ante lo que viene, pues es posible anticipar que los motivos de desencuentro irán en aumento. Hasta ahora las tensiones han provenido del contenido de las campañas comunicacionales, de la designación de los facilitadores para los cabildos, de la redacción de lo que surja de esos cabildos, y del rol informante o motivador que pueda tener el Gobierno para convocar a la ciudadanía a participar. Pero una vez que la gente se haya expresado en los cabildos, ¿qué se hará con lo que de allí emerja?

A medida que el proceso constituyente avanza, se va acercando la discusión de fondo, en torno a los contenidos de una nueva Constitución o la reforma a la actual -ni siquiera existe acuerdo aún en torno a cómo llamarla-, y aquí se darán probablemente las mayores diferencias. El proceso que se ha seguido está sirviendo para terminar de descartar la opción de una asamblea constituyente, pero, a la vez, da pie al insondable campo del manejo de las expectativas que surgirán al abrir la compuerta de la participación. ¿Quiénes y bajo qué pretexto dejarán fuera del nuevo texto constitucional los anhelos expresados por una ciudadanía que fue invitada formalmente a dejar su impronta en él?

Este ejercicio de contención de expectativas será indispensable para evitar tener una Constitución maximalista y sobrecargada de derechos sociales irrealizables. Pero, dado el diseño del proceso que se está siguiendo, lograrlo supone un capital político que ni el Gobierno ni los partidos tienen hoy y que difícilmente tendrán en el futuro cercano. ¿Qué rol deberá jugar el Consejo de Observadores en este escenario? No es en absoluto claro, pero todo aconseja el ejercicio de ir anticipándolo.