Frente al desprolijo y confuso proceso de reforma a la educación superior que impulsa el Gobierno, no pueden extrañar las duras críticas formuladas por la principal universidad no estatal del país, la Pontificia Universidad Católica (PUC), a las propuestas contenidas en las últimas minutas difundidas por las autoridades educacionales.

El debate sobre la regulación y el financiamiento de la educación superior ha sido extraordinariamente confuso. Transcurridos más de dos años de gobierno, aún no se conoce un planteamiento consistente sobre la materia, y menos una visión respecto de cómo las autoridades se imaginan hacia el futuro este sector de tanta importancia para el país. Han circulado minutas que son contradictorias entre sí y que reflejan cambios relevantes de posición y énfasis. Ninguna de ellas, en todo caso, permite dilucidar qué espera el Gobierno del sistema de educación superior, y menos hacia dónde le gustaría orientarlo. El debate sigue estando influido por numerosas declaraciones generales, que en muchos casos son apenas un eslogan, y poca sustancia y atención a los detalles.

En este contexto, la Universidad Católica ha manifestado una fundada crítica a los últimos antecedentes distribuidos por el Ministerio de Educación.

No es serio que a estas alturas se conozcan ideas desperdigadas respecto de cambios que facilitarían la gestión de las universidades estatales que son bienvenidas, y otros que ponen acento en una supervisión que no tiene parangón en la experiencia comparada y que, como bien señala el informe de la PUC, no distingue, por ejemplo, entre las tareas de una institución como la anunciada superintendencia y la agencia de aseguramiento de la calidad. Al mismo tiempo, las minutas gubernamentales no reflejan ningún reconocimiento de los aportes que las universidades privadas, particularmente aquellas del Consejo de Rectores, hacen a la generación de bienes públicos en el país. Es indudable que este aporte, porque es de interés de todos, debiese ser una guía en la asignación de recursos fiscales.

Este tipo de minutas genera desconfianza e incertidumbre. Las instituciones de educación superior son iniciativas de largo plazo y esperan reglas razonables que les permitan proyectarse hacia el futuro. El financiamiento de la docencia tampoco se ha clarificado. La definición de los aranceles regulados fue un ejercicio sin sustento técnico y, por tanto, arbitrario, y si no hay claridad respecto del mismo, se genera no solo incertidumbre, sino que también se pone en riesgo la autonomía de las instituciones. Una mirada fabril sobre lo que significa una institución de educación superior atenta más temprano que tarde contra su misión. Si a ello se agrega un control excesivo como el que se deposita en la futura superintendencia, que, de acuerdo con el análisis de la PUC, se desarrolla "para fiscalizar no solo el cumplimiento de la ley, sino otras materias que dicen relación con el funcionamiento de las instituciones", la vulneración potencial de la autonomía se vuelve poco menos que inevitable.

La PUC valora que la autoridad educacional genere una instancia que reúna a rectores de las instituciones superiores técnico-profesionales, y si bien aprueba la inclusión de nuevas universidades en el Consejo de Rectores, privilegia criterios rigurosos de acceso, definidos idealmente por una comisión internacional independiente. Sin embargo, bastaría más bien con una definición razonable de las instituciones, similares a las que se usan en otras naciones, para definir ese ingreso. En todo caso, la PUC tiene razón al ver con sospecha la creación de una red paralela que reúna a instituciones estatales con reconocimiento legal. Ello tiene el riesgo de estimular una competencia por intereses específicos más que generales, que son los que el país debe considerar. De ahí que amplios sectores académicos y expertos coincidan con el informe preparado por esta universidad respecto a que estas minutas reflejan "una propuesta extremadamente estatista de la educación", que se aparta de la tradición de provisión mixta que ha caracterizado a nuestro país.