Esta semana, la Presidenta inició la participación ciudadana que, bajo la mirada atenta (es un decir) de un grupo de observadores, debiera sentar las bases del proyecto de nueva Constitución a que el Gobierno aspira.

Desgraciadamente, este proceso -no vale la pena ocultarlo- está erizado de verdaderos pases de mano.

Todo el proceso se desenvolverá en apenas cinco meses y no se requiere ser experto para saber que en él tendrán un lugar de relevancia lo que podrían llamarse las "minorías consistentes": grupos de personas galvanizadas por la búsqueda de un propósito común que se impondrán, con relativa facilidad, a las simples agregaciones de individuos (descontado que tendrán más propensión a participar quienes quieren cambiar la Constitución que los que no). ¿Significa esto que hay que descreer del proceso? No necesariamente; pero la honradez intelectual obliga a sacudirse la ilusión de que en los cabildos "cada voluntad contará como una y nada más que una" (Bentham) y subrayar que, en cambio, se verificará por enésima vez aquello de que es "sorprendente la facilidad con que los muchos son dominados por los pocos" (Hume).

Al oír a la Presidenta en su discurso del martes, el público pudo tener la impresión de que se iniciaba un diálogo entre iguales, donde cada uno tendrá la misma oportunidad de hacer valer su punto de vista y persuadir a los demás. Los creyentes de Habermas debieron aplaudir (para este autor la democracia reposa sobre el ideal de un diálogo sin coacciones). Pero nada de eso ocurrirá. Los cabildos, no hay que engañarse, serán una suerte de focus group ampliado (quien inventó esto se debe ganar la vida en eso), cuyo resultado se asemejará a una lista de preferencias (como esas que los asesores de empresas construyen mediante encuestas al consumidor) ¿Inútil? No del todo; pero no es necesario maltratar la inteligencia de la gente presentando eso como un diálogo deliberativo acerca del tipo de vida en común a que aspiran los ciudadanos.

De otra parte, ha habido una cierta ambigüedad subyacente en todo esto a la que ha contribuido (sin quererlo, por supuesto; pero es de esperar que ya se hayan dado cuenta) el grupo de observadores.

La ambigüedad consiste en lo siguiente: en realidad el Ejecutivo ha dado inicio a un proceso tendiente (con todas las restricciones ya subrayadas) a formar una voluntad, o una apariencia de voluntad, que le permita elaborar lo que, en su opinión, debe ser el contenido de una nueva Constitución o de una reforma radical a la ahora vigente. No obstante que eso es así (que todo este proceso está obviamente destinado a formar el proyecto gubernamental en esta materia), la composición del grupo de observadores y la retórica que se ha utilizado al echarlo a andar dan la errónea impresión de que el proceso tiene por objeto sentar las bases de un proyecto que ex ante interesa y vincula a todas las fuerzas políticas. Esa es la ventaja escondida que tiene para el Gobierno el proceso constituyente: ser un procedimiento que presume ser imparcial y que, por eso, pretenderá obligar a todos sea cual fuere su resultado. Es cosa de imaginar lo que ocurrirá en octubre: habrá un documento que se presentará como la opinión imparcial de la ciudadanía, ese sector social que, como diría la Presidenta, había sido hasta ahora desplazado por los expertos, ¿qué argumentos tendrá una fuerza política para oponerse a él? El sueño del político, que los intereses de su sector aparezcan como las ideas y los intereses de todos, que lo particular aparezca como universal, se habrá cumplido en este caso a la perfección.

En eso consiste exactamente el proceso constituyente: un focus group ampliado, cuyos resultados, recogidos en el proyecto gubernamental, podrán más tarde exhibirse como la expresión de una decisión política del pueblo.

Se ha subrayado poco la astucia (ya que no el rigor, ni la sinceridad) de ese diseño que permite que en Chile corran, de forma paralela, dos procesos: uno, el constituyente de los cabildos que el Gobierno recogerá como suyo a contar de octubre; otro, el que decidan llevar adelante los órganos de representación a partir de 2017. Y cuando ambos entren en conflicto, el Gobierno tendrá a su alcance un argumento irrefutable: ¿acaso el pueblo no se pronunció ya? ¿No hubo un grupo de observadores plural que al vigilar con pasión de voyeur garantizó que no hubiera distorsiones a la hora de saber lo que la ciudadanía quería?

No cabe duda.

El Gobierno puede tener tropiezos múltiples en materia de políticas públicas, pero a juzgar por este diseño no tiene ninguno a la hora de jugar al ajedrez de la política.