Los datos disponibles indican que hay en el país cerca de cuarenta mil abogados titulados y treinta y un mil estudiantes de esta carrera, impartida en más de 45 universidades. Esas son las cifras en movimiento, comparadas con los 95 abogados que se titularon en 1920, 352 en 1980, 1.090 en 1990, 2.383 en 2010, y que ahora saltamos a 3.384 que juraron ante la Corte Suprema en el año 2015, provenientes de un disímil y a veces indulgente sistema universitario, que funciona en horario diurno y vespertino. Toda esta panorámica remata cuando la autoridad que otorga finalmente el título profesional no tiene manera de constatar ni de evaluar aptitudes o calidades, ni tampoco es capaz de discriminar el acceso del postulante, descubrir vacíos y mejorar las vetas de formación que lo habiliten, en definitiva, para aterrizar en el universo social y sobre todo moral en que le tocará desempeñarse profesionalmente.

En teoría, los costos asociados a una carrera de larga duración real (varían entre 13 y 21 semestres) y los beneficios o compensaciones esperadas con este título son, a veces, desproporcionados, y deberían ser un factor relevante a la hora de elegir.

No sirve de mucho estancarse censurando la proliferación de egresados y el número multitudinario de abogados. El problema radica en la falta de trabajo; esto es, una efectiva inserción en el mundo laboral, lo que para muchos jóvenes se traduce en que el fin de la carrera pasa a ser el comienzo de una larga cesantía. No olvidemos que la metamorfosis de un abogado, desde su etapa de estudiante hacia la vida real y concreta del ejercicio, se va dando en forma escalonada, en la que el fogón de la experiencia laboral pasa a ser una parte esencial de la formación.

Para los abogados seniors que concluyen sus funciones a la sombra de una empresa o mantienen un trabajo estable, por su perfil -por más que traten de esquivarlo o reconocerlo- una vez desvinculados, por un tema de costos, les es casi imposible aspirar a un puesto de trabajo asalariado o partir desde cero en forma autónoma.

De ahí la preocupación recurrente que se advierte con la saturación de abogados, la escasa oferta de empleos y el acceso a un mercado laboral de servicios -tanto para jóvenes como para viejos- que se percibe cada vez más competitivo.

La intensidad creciente del desempleo en nuestro gremio provoca toda clase de situaciones, algunas de ellas sin miramientos ni escrúpulos. Desde aquel abogado que trabaja en jornadas a ritmo de galeotes para llegar a ser promovido como socio en un estudio, hasta aquel convertido en una pyme profesional que despliega esfuerzos por "hacer de todo" y que únicamente capta clientes que se caracterizan por su alta rotación; un café urbano como oficina, un celular como herramienta de contacto, y sus pies como remolque, entre la tensión y la excitación de jornadas duras y con altísimos niveles de estrés.

Acciones como la de aprender bien un segundo idioma o cursar estudios de posgrado para desplegar habilidades de asesoría o de defensa mejoran sin duda las expectativas de acceso y de oportunidades profesionales que provienen de esta formación continua.

Pero más que nada, un buen estímulo a la economía provocará efectos relevantes en el movimiento de la inversión y permitirá el despegue, disminuyendo los índices de desempleo y la apertura de los estudios de abogados hacia áreas de interés que exigen abastecerse con nuevos reclutas.

Por ahora hay que trabajar ayudándose "codo con codo" aunando voluntades para superar el agobio y la sensación de inutilidad, que trae consigo toda esta situación de desempleo y, sobre todo, para que el título que se entrega semana a semana (825 en lo que va de 2016) no siga siendo un nombre escrito en el agua.

Arturo Prado
Abogado
Consejero del Colegio de Abogados de Chile A.G