Señor Director:

La solicitud de formalización de Pablo Longueira por parte del Ministerio Público genera legítimas y fundadas inquietudes respecto de la imparcialidad y objetividad del organismo persecutor. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, llaman la atención la premura del fiscal con el proceso que afecta al ex senador y ex ministro de Estado y la tardanza incomprensible en tramitar con igual celo y diligencia otros hechos que vienen siendo investigados desde mucho tiempo antes.

Sería muy negativo que en una sociedad democrática los ciudadanos fueran juzgados con mayor o menor rigor dependiendo de sus ideas políticas o religiosas. Resulta incomprensible que una investigación que comenzó en febrero pasado, según lo ha informado el propio fiscal a cargo de la causa, tenga ya una solicitud de formalización, y otros casos que llevan más de un año se encuentren paralizados.

Más confusión se genera cuando se trata de una persona que, como senador, votó por aumentar los impuestos para financiar la reconstrucción, sin importar a qué empresas se afectaría con ello, mientras que no se investiga a parlamentarios que votaron en contra del proyecto de incremento tributario del royalty y que sí aparecen como involucrados en operaciones con una de las sociedades a las que se aplicaba el incremento impositivo.

Con toda razón Pablo Longueira ha calificado esta situación como de "extrema injusticia". Cuando logre acreditar su inocencia, el daño ya estará hecho. Y habrá sido irreparable.

Fernando Barros T.
Abogado