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Editorial
Jueves 17 de marzo de 2016
Carabineros y el INDH
En momentos en que la delincuencia aparece como la primera preocupación de las personas -incluyendo el conflicto en La Araucanía- es innegable que el escalamiento de los roces -al grado de judicializarse- entre Carabineros y el INDH desconcierta a la ciudadanía...
A medida que se agudiza el conflicto mapuche en La Araucanía y escala la audacia de los violentistas, se han acrecentado también las críticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la acción de Carabineros.
Últimamente, el instituto presentó una querella en contra de la policía uniformada ante el tribunal de garantía de Cañete acusando a carabineros de que, con sus rostros cubiertos y sin identificación, "maniataron, insultaron y golpearon a ocho mapuches en Tirúa", en la Región del Biobío, que habrían sido detenidos cuando "pasaban por un camino". El general director de la institución replicó que se trataba de un grupo de comuneros detenidos mientras robaban madera, armados y en vehículos con las patentes adulteradas.
Antes, miembros del INDH habían protagonizado un incidente con la policía uniformada cuando una caravana de vehículos intentó ingresar a un predio de la empresa forestal Mininco que se mantiene con vigilancia por orden judicial. Carabineros denunció que fueron rodeados por acompañantes de los funcionarios del instituto, entre los que había encapuchados, cosa que negó la directora regional de esa entidad.
Estas situaciones no han sido, sin embargo, los únicos desencuentros. El instituto y su directora han cuestionado el uso de la fuerza policial en el control de las movilizaciones públicas, como sucedió con la marcha contra los femicidios, la que derivó en cortes del tránsito que obligaron a la fuerza pública a intervenir. Del mismo modo, la directora del instituto ha criticado los controles preventivos de identidad que realiza la policía para enfrentar la delincuencia porque amplían discrecionalmente sus atribuciones. Los reparos de su titular también se han hecho extensivos hacia la política de derechos humanos del Gobierno, como ocurrió en 2015, los que merecieron la respuesta de la Presidenta de la República, que defendió el trabajo del Gobierno en esa área. Lo mismo hubo de hacer el ministro del Interior, Jorge Burgos, cuando acompañado del general director de Carabineros, respondió al INDH acerca del ingreso de sus funcionarios a las comisarías para verificar el estado de los detenidos. El jefe del gabinete respaldó el actuar de la policía "en la tarea constitucional que se le otorga de dar seguridad, luchar contra el delito, dar garantías a la eficacia del derecho y mantener el orden público".
Carabineros de Chile goza de amplia credibilidad en la población -a diferencia de otras policías del continente- y mientras no se pruebe lo contrario, ha desmentido consistentemente los cargos del INDH.
En momentos en que la delincuencia aparece como la primera preocupación de las personas -incluyendo el conflicto en La Araucanía- es innegable que el escalamiento de los roces -al grado de judicializarse- entre Carabineros y el INDH desconcierta a la ciudadanía.
Es probable que la posición del INDH dentro de la institucionalidad nacional sea una de tensión, ya que le corresponde exigir al Estado y sus organismos, incluidas las policías, el respeto de los derechos humanos de los chilenos. Eso puede despertar resistencia en los organismos cuestionados, especialmente cuando se trata de una tarea tan difícil como la que la corresponde a Carabineros, particularmente en La Araucanía. Pero también el INDH debe legitimarse ante la opinión pública y ante las demás instituciones de la República. La empatía que pareciera surgir espontáneamente en funcionarios del INDH con las causas de fondo de quienes se ven enfrentados a Carabineros también puede afectar su apreciación respecto del accionar policial.
Próximamente deberán renovarse cinco consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, incluyéndose a su actual directora, la abogada socialista Lorena Fries. Esa puede ser una buena oportunidad para complementar su trabajo con una acción más preocupada de convencer que de imponer, una labor de difusión y pedagogía social que fortalezca las convicciones de los chilenos respecto de los derechos humanos, con una aproximación que haga sentir que todas las personas, incluidos los carabineros, son un foco de atención del instituto.