Señor Director:

Resucitar la Constitución del 25, como defiende Carlos Peña, conduce a varias preguntas. Una de ellas es si vale la pena revivir el contenido de ese texto. La segunda es si hay buenas razones que justifiquen sostener tan alambicada fórmula, que se suma a la riesgosa tendencia de proponer caminos extrainstitucionales para reformar nuestra Constitución.

El contenido que se quiere resucitar es a todas luces insuficiente. La Constitución del 25 carecía de principios tan compartidos hoy como aquel que señala que el Estado está al servicio de la persona, o la probidad y la transparencia. En el campo de los derechos, no contemplaba el derecho a la vida, permitía el monopolio estatal en la producción, carecía de muchos derechos hoy vigentes, y los que estaban consagrados no tenían suficientes garantías. Tenía además una estructura institucional clásica, y no una diversidad de órganos autónomos que se contrapesan. ¿Y su legitimidad? También fue cuestionada no solo por su origen, sino que también en su ejercicio, pues, desde todos los sectores y mucho antes del 73, la eficacia de la Constitución fue puesta en duda.

Nos dicen además que la fórmula propuesta busca evitar que la minoría se aferre al texto vigente, pues este la favorece. Pero tal argumento requiere de precisiones. La primera es preguntar a quién favorecería ahora el texto que propone Peña. Porque si la respuesta es que favorece a "otros", el argumento solo busca trasladar el supuesto privilegio hacia algunos que serían los nuevos favorecidos. Pero además es cuestionable afirmar que hoy existe una minoría favorecida con el texto actual y una mayoría perjudicada. Salvo excepciones muy particulares, las normas constitucionales que hoy están en discusión son lo suficientemente genéricas como para afirmar que existe un eficaz velo de ignorancia que impide asegurar a quién favorecerá en el futuro la aplicación de esa norma. ¿A quién beneficia el derecho de propiedad o el de educación, en su redacción actual? ¿O el presidencialismo? ¿O el principio de autonomía de los cuerpos intermedios? A priori, no es posible saberlo.

En otras palabras, quienes postulamos cambios a la Constitución siguiendo las reglas actuales no lo hacemos porque la Constitución "nos favorezca", sino porque son esas las vías de la política: ciertas y conocidas; que requieren deliberación y persuasión; y que recogen los aprendizajes y reformas de la historia constitucional reciente. Lo contrario, imponer la Carta del 25 como regla por defecto, desconoce que la política sigue en pie.

Sebastián Soto Velasco
Libertad y Desarrollo